«Con esta interpretación (legal) se ratifican los convenios y tratadosinternacionales en materia de derechos humanos que Uruguay ha firmado, por lo tanto, que forman parte del derecho interno. La Ley de Caducidad queda fuera del marco normativo porque no los respeta», explica la diputada Daniela Payseé, del oficialista Frente Amplio.

El dilema que tiene el actual gobierno de izquierda del Uruguay es que se encuentra, por un lado, obligado a respetar el resultado de dos plebiscitos en los que la ciudadanía votó a favor de mantener esa ley de amnistía y, por otro, está comprometido con los convenios internacionales sobre derechos humanos que firmó.

El proyecto, que ahora redacta el Poder Ejecutivo, en breve será enviado al Parlamento que muy probablemente lo aprobará porque el izquierdista Frente Amplio cuenta con la mayoría absoluta en ambas cámaras. Si se anulara la ley, se daría luz verde para abrir los expedientes e investigar las desapariciones y asesinatos cometidos en la dictadura.

La ley de Caducidad fue promulgada a la salida de la dictadura, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti, y refrendada en dos plebiscitos en dos ocasiones (1989 y 2009) con resultado adverso.

Por esta norma, que ha impedido investigar y juzgar a los responsables de violación de derechos humanos durante el régimen militar, el Estado uruguayo tiene pendiente una demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que presentó Macarena Gelman, nieta del poeta de Juan Gelman, por el caso de desaparición forzada de su madre. Se estima que la Corte emitirá la sentencia a finales de año.

El tribunal regional también ha advertido en más de una ocasión a los últimos gobiernos uruguayos que deben derogar ese texto por ser incompatible con los convenios aludidos. Lo que menos favorecería la imagen internacional del gobierno presidido por el ex guerrillero y ex preso político José Mujica es una condena en el caso Gelman o una nueva amonestación por mantener vigente la Ley de Caducidad.

En este contexto, representantes de la oposición, como el ex presidente Sanguinetti, han criticado la iniciativa del partido oficialista, y en unas declaraciones a la radio El Espectador ha calificado el hecho de»irrespeto formidable al sistema institucional del país. Una ley que hace 23 años que está vigente, ahora se pretende derogarla o anularla o dejarla sin efecto, pese a que existen dos pronunciamientos de la ciudadanía, del cuerpo electoral, que es el órgano máximo de nuestro sistema institucional».

Para Paysée sin embargo, «el país tiene una condena de los organismos internacionales y el Estado uruguayo debe dar respuesta. Tiene que ser consistente y mantener el equilibrio porque ha habido dos consultas populares y armonizar esto con los acuerdos internacionales». La diputada, por otro lado, sostiene que esta iniciativa no se hizo en la legislatura pasada porque «durante el gobierno de Tabaré Vázquez se respetó el programa de gobierno que aseguraba se iba a consultar de nuevo al soberano».

Durante el gobierno de Vázquez (también del Frente Amplio) algunos pocos militares terminaron procesados por la justicia y encarcelados. Uno de los artículos de la ley de amnistía obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo si las demandas por violaciones de los derechos humanos están amparadas por esa ley o no. Hasta el gobierno del Frente Amplio, todos los gobiernos adujeron sin excepción ante las consultas de los jueces que todos los casos estaban amparados por la ley. Recién con Vázquez se rompió esa rutina. Asimismo, durante el actual gobierno del José Mujica (del Frente Amplio), tres casos fueron excluidos de esta ley.

Mara Martínez, miembro de Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos informa que la asociación no conoce directamente el proyecto, «sólo lo que ha manejado la prensa. Pero sabemos que hay voluntad de que el cuerpo general esté entre los acuerdos internacionales que se han firmado. Nosotros consideramos que así como el Parlamento fue el que hizo este embrollo, que sea el Parlamento el que lo resuelva».

De acuerdo con los datos de las organizaciones defensoras de derechos humanos en Uruguay desaparecieron al menos 200 personas durante la dictadura.

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