Por  Javier Sempere. Asesor de apoyo técnico-jurídico en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid

En los últimos años, una de las cuestiones que más ha aflorado en la materia de protección de datos de carácter personal es el borrado de datos publicados en la red, o bien, la no indexación por parte de los buscadores.

Es lo que se ha llamado “derecho al olvido”, si bien no es más que el ejercicio del derecho de cancelación o de oposición regulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo.

Si bien esta información que se publica puede ser de diversa índole, uno de los temas más polémicos es la publicación en el BOE de los datos de los indultados.

Esta publicación está regulada por la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen las reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, cuyo artículo 30 preceptúa que “La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto que se insertará en el Boletín oficial del Estado.”

Si bien ni el resto de esa Ley ni el citado artículo que forma parte de la misma se pronuncian sobre el contenido que debe tener ese Real Decreto, en la práctica se publica lo siguiente:

–      Nombre y apellidos del indultado;

–      Delito cometido;

–      Mención a los informes tomados en consideración para el indulto;

–      Pena que se indulta.

A modo de ejemplo se pueden consultar los indultos publicados en el BOE de 10 de octubre de 2012.

Sin embargo, el problema llega cuando los indultados, por ejemplo, van a buscar trabajo, ya que no podemos negar que hoy en día, más que el currículo,  en las empresas se utilicen los buscadores para encontrar información de los candidatos.

¿Hallarán trabajo estas personas ante esta situación? Lo más probable, es que no, y que incluso, si les hubiese quedado unos pocos meses en la cárcel les habría sido más beneficioso cumplirlos.

Jurídicamente la cuestión es bastante compleja: por una parte, la Constitución Española configura como un derecho fundamental que “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” por lo que la publicación actual en Internet puede estar limitando este derecho; por otra, con la publicación se da cumplimiento al principio de transparencia en la actuación del Gobierno, y éste, además, se ajusta, salvo lo referente al contenido, a un mandato legal al realizar la mencionada publicación.

¿Cómo solucionamos el problema? No creo que eliminar el delito cometido sirva de algo, ya que usando los buscadores, seguiríamos encontrando el nombre y apellidos de la persona que ha sido indultada. ¿Suprimir el nombre y apellidos usando sólo las siglas? En ese caso, podríamos chocar con el principio de transparencia, si bien podrían admitirse algún matiz al que me referiré.

Algunas opciones podrían ser las siguientes:

–      Realizar la publicación pero introduciendo los mecanismos adecuados para evitar la indexación por parte de los buscadores de Internet.

–      Además de lo anterior, una vez transcurrido cierto tiempo, eliminar la publicación, si bien en la actualidad sería contrario con la integridad e inalterabilidad del contenido de las publicaciones de los boletines.

–      Limitar el contenido de la publicación y del principio de transparencia, distinguiendo entre el indulto del “ciudadano a pie”, con siglas, de otros supuestos en los que el cargo exige una especial diligencia, como sería el caso de políticos condenados por corrupción que son indultados, y que se publicaría con nombre y apellidos.

–      Además, sobre la opción anterior, aplicar el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en virtud del cual “si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento”. Artículo, que dicho sea de paso, es un “gran desconocido” para las Administraciones públicas.

En resumen, es un tema bastante complejo pero que nos sirve para poner de manifiesto una realidad que el legislador, por ahora, no parece que vaya a solucionar: se utilizan normas para la publicación en Internet cuyo espíritu es regular la publicación  en “papel” o tablones de anuncios de toda la vida.

Y vaya como ejemplo, la citada Ley del Indulto, de finales del siglo XIX, donde todavía se usaba el telégrafo y el teléfono empezaba a dar sus primeros pasos.

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