Este incremento, según el estudio realizado por la Asociación, obedece a la situación de crisis que esta viviendo la economía y que se refleja en la falta de pago a los arrendadores de muchos autónomos y pequeños comerciantes, que se ven avocados a dejar sus negocios al no poder afrontar los gastos del establecimiento en el que desarrollan sus respectivas actividades.

Al reducirse de forma considerable sus ingresos por la falta de consumo que detectan los pequeños comercios repercute en la falta de pago a los dueños de los establecimientos.

Estos a su vez sufren las consecuencias de que se acumulan los meses de impago y tienen que adoptar las medidas judiciales para exigir sus alquileres o bien recuperar sus locales y oficinas a través de los correspondientes desahucios ante los Tribunales.

En mucha ocasiones se esta evitando acudir a la via judicial, tras negociarse por las dos partes, arrendador y arrendatario, una forma amistosa de dejar el arriendo y poner de nuevo a disposición de los dueños el local u oficina sin necesidad de tener que desalojarlo por lo contencioso.

Pero en otras ocasiones, al desaparecer el inquilino o ser difícil su localización, los dueños respectivos acuden a los Juzgados para recuperar la disposición y uso de lo arrendado.

La ley vigente actual es la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

Pero los procedimientos de desahucios se alargan en los Tribunales una media de nueve a 14 meses e incluso más, con lo que esta situación crea gran nerviosismo y desconcierto a los arrendadores que piden un cambio en la legislación actual para que con rapidez se pueda recuperar el uso y disposición de la propiedad a favor de los propietarios perjudicados.
La Asociación Española de Abogados Urbanistas consciente de este problema ha manifestado a través de su presidente, José María García Gutiérrez, que la legislación en la materia debe ser modificada para que los procesos de desahucios sean mas rápidos ante los Tribunales y se asemejen a la de otros países, donde la media de estos procesos es al menos dos terceras partes parte inferior de lo que se tardan en el nuestro.

A pesar de que el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Medidas de Fomento del Alquiler de Viviendas de 12 de diciembre del 2008 y que tiene por objetivo entre otros agilizar los procesos de Desahucio, las medidas que se recogen son insuficientes.

No se solucionan el problema de las notificaciones a los inquilinos que es el principal causante de la demora de los procesos de desahucio. En la via Judicial sólo se consideran como válidas la notificaciones que son recogidas personalmente por el denunciado o por alguien que se haga cargo de ella, consideró la Asociación.

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