Jueces, abogados y procuradores colaborarán con la Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos para ayudar a personas vulnerables
Firma convenioEl TSJC, el ‘Departament’ de Justicia de la Generalitat, las cuatro Diputaciones catalanas, el Consejo de la Abogacía Catalana, el Consejo de Colegios de Procuradores, la Asociación Catalana de Municipios y la Federación de Municipios de Cataluña firmaron, el pasado viernes, en el Palacio de Justicia de Barcelona, un protocolo de actuación para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad social ante la pérdida de la vivienda por un proceso de desahucio o de ejecución hipotecaria. La iniciativa pretende extender a toda Cataluña el acuerdo firmado hace pocos meses en Barcelona con este mismo objetivo.

El acuerdo prevé que los 14 Colegios de Abogados de Catalunya, representados en el Consejo de la Abogacía Catalana, promuevan entre sus letrados la conveniencia de hacer constar en el expediente de las personas que estén a punto de ser desahuciadas, las circunstancias de riesgo social que hayan podido constatar. De esta manera, se activarán los mecanismos pertinentes para que estas personas sean atendidas por los servicios sociales, que decidirán cuál es la actuación más adecuada en cada caso.

‘Si perder la vivienda ya es duro para cualquier persona, para una persona vulnerable aún lo es más’, advierte el presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, Miquel Sàmper, para quien ‘defender las personas socialmente vulnerables es una de las máximas prioridades de la Abogacía’.

Personas discapacitadas, con enfermedades crónicas, con grado de dependencia, víctimas de violencia machista, ancianos o menores, son algunas de las que se podrán beneficiar del acuerdo firmado el pasado viernes.

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