Se trata del llamado caso Saqueo 1 de Marbella, que consistió en el desvío de 24 millones de euros, entre 1991 y 1995, que salieron de varias sociedades públicas del Consistorio que presidía Jesús Gil y fueron a parar a sociedades y cuentas privadas del propio alcalde, entre otros.

Dicho fallo judicial, de 142 folios de extensión y al que tuvo acceso el diario El Mundo, condena a Roca a seis años y diez meses de prisión, pena que ya le impuso la Audiencia Nacional en enero de 2009 por los delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

La sentencia del alto tribunal desestima todos los recursos de casación, interpuestos por los procesados, y ratifica también las condenas contra el ex asesor jurídico municipal José Luis Sierra y el ex contable de las sociedades municipales Manuel Castel, que trabajó directamente para Jesús Gil en sus oficinas privadas de Marbella.

Sierra y Castel se encuentran en prisión desde que recayeran sobre ellos penas de 9 y 8 años de cárcel, respectivamente, por los mismos delitos que pesan sobre Roca. Para los tres ahora condenados en firme la Fiscalía Anticorrupción había solicitado 10 años de prisión.

Al margen de las penas de prisión, lo más relevante sin duda alguna para los intereses del Ayuntamiento de Marbella es que los tres condenados deberán hacer frente a una indemnización conjunta y solidaria de 24,3 millones de euros, que equivalen actualmente a los más de 4.000 millones de las antiguas pesetas en que queda cifrado el saqueo.

Los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, José Ramón Soriano, Francisco Monterde y Manuel Marchena consideran probado que los acusados Sierra, Castel y Roca “concertados con otros funcionarios y autoridades no enjuiciados en este procedimiento [Jesús Gil y el ex gerente de sociedades municipales José Luis Jiménez fallecieron], en ejecución de un plan preconcebido, llevaron a efecto durante los años 1991 a 1995 actuaciones coordinadas tendentes a desviar fondos públicos llegados desde el Ayuntamiento de Marbella a las sociedades municipales”, reza el fallo.

La Sala de lo Penal del Supremo considera que fueron “relevantes” para tales hechos delictivos “los conocimientos jurídicos” de Sierra, “los conocimientos contables” de Castel y la “actividad empresarial” de Roca, quien compró cuatro sociedades inoperativas, por medio de poderes otorgados por su octogenaria madre, actualmente fallecida.

Se trataba de Canteras Nasok S.A.; Contratas Peninsulares S.A.; Contratas El Plantío S.A. Y Dintak S.A. Estas cuatro factureras fantasma, controladas por Roca, facturaron sistemáticamente, entre 1991 y 1995, a la sociedad municipal Contratas 2.000, entre otras, por servicios ficticios, como si se tratara de proveedores de materiales de construcción.

Todo lo que ahora refleja el Supremo blanco sobre negro, con la entidad que merece una sentencia firme, fue puesto al descubierto y denunciado por el periódico El Mundo en octubre de 1999. A raíz de aquellas investigaciones periodísticas la Fiscalía Anticorrupción inició diligencias que desembocaron en la Audiencia Nacional y han recorrido un largo y tortuoso camino judicial.

Para el Supremo “no ha quedado acreditado” que los herederos de Jesús Gil y Gil resultaran beneficiados con seis cheques bancarios al portador, fechados el 24 de septiembre de 1992 y por un montante de 510.860 euros “equivalente a 85 millones de pesetas”. Dichos talones fueron compensados en una cuenta corriente privada del ex regidor marbellí.
La Audiencia Nacional, a diferencia de lo que mantiene la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, no aprecia responsabilidad civil alguna en cuanto a posibles indemnizaciones a reclamar sobre los herederos de Gil. No obstante, entre los condenados también se encuentran dos sociedades del fallecido regidor, Promociones Futbolísticas SA y Rancho Valdeolivas SA.

Tampoco hay responsabilidad alguna para los herederos del ex responsable de Contratas 2000 y peón de confianza de Gil, José Luis Jiménez. A él se le atribuye personalmente, en la sentencia, haber abierto numerosas cuentas bancarias a nombre de dicha sociedad municipal para saquear los más de 24 millones de euros. Jiménez ordenaba los pagos que, en forma de cheques, fueron saliendo de las arcas públicas hacia manos privadas entre 1991 y 1995.

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