Por Pilar Rey, Profesora de Derecho Penal en la Universitat Internacional de Catalunya.

De la  lectura del anteproyecto de reforma del Código penal, anunciada por el Ministro de Justicia, se deduce que se trata de modificar el Código en aquellos extremos que resultan especialmente sensibles para la opinión pública, como consecuencia de determinados hechos delictivos que han tenido gran transcendencia en los medios de comunicación.

Es loable si se trata de corregir determinados defectos del Código, puestos de manifiesto a través de estos hechos, pero no lo es cuando la norma es técnicamente correcta, y sólo se modifica para dar satisfacción a determinadas personas, normalmente próximas a víctimas de delitos graves, muy críticas con el sistema, pero carentes de razón desde el punto de vista técnico jurídico, por muy comprensibles, desde el punto de vista humano, que sean sus críticas.

Parece ser que, con la presente reforma, se pretende agravar las penas para determinados delitos, lo que supone un cambio en el desvalor jurídico penal de determinadas conductas. Por ello nos parece acertado el anuncio previo de la reforma, con tiempo suficiente para que los profesionales dedicados al Derecho Penal, teóricos y prácticos, puedan exponer sus sugerencias, lo cual, sin duda, contribuye a mejorar la calidad de las reformas.

Ya son varios los autores que se han pronunciado, y es de esperar que sean más los que, con claro sentido constructivo, dediquen un tiempo a reflexionar sobre las reformas anunciadas. Nosotros, con estas líneas, trataremos de aportar nuestro «granito de arena».

En la anunciada reforma se establece la misma pena que en el homicidio, como castigo de la detención ilegal y el secuestro con desaparición (Art. 166), y establece un subtipo agravado cuando la víctima sea menor de edad, o exista un móvil sexual para el caso de detención ilegal. En efecto el anteproyecto establece:

“1.-El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida será castigado con una pena de prisión de diez a quince años.

2.- Se impondrá una pena de quince a veinte años cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la víctima fuera menor de edad.

b) Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal con la intención de atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad.”

 Este anuncio merece alguna reflexión más profunda por cuanto, si el legislador al parecer pretende un aumento de la pena vigente en la actualidad, solo lo hacen la detención ilegal, pues  el secuestro, con la nueva regulación, resulta menos penado que en la vigente, lo que no es coherente. En efecto, en el caso del secuestro la reforma propuesta supone una atenuación de la pena, no sólo respecto al subtipo agravado del 166CP vigente en la actualidad, sino también en el subtipo agravado de nueva creación recogido en el anteproyecto.

Esta circunstancia de agravación – el no dar razón del paradero de la persona detenida ilegalmente-  ya se recogía en el Código Penal de 1848, que en su artículo 403 imponía pena de Cadena Perpetua, siendo mantenida en los sucesivos Códigos, con ligeras variaciones en cuanto a la pena.

En la actualidad, con el vigente Código, esta circunstancia está regulada en el artículo 166CP, que impone la pena superior en grado, cuando no se da razón del paradero de la víctima, tanto en el delito de detención ilegal -163 CP-, como en el secuestro –Art. 164 CP en relación con el Art. 163.3-. Está claro, pues, que en la regulación vigente esta circunstancia pretende ser una agravación para ambos delitos.

Sin embargo, al decirse ahora en el proyecto de reforma del artículo 166 CP que la pena será la del homicidio (de 10 a 15 años) en las detenciones ilegales y en los secuestros, realmente  solo se agrava la pena de la detención ilegal, dado que la nueva pena prevista para el secuestro supone una clara atenuación, pues se está rebajando sensiblemente la pena prevista en el Código Penal vigente. Nos surge la duda de si esto es un efecto voluntariamente buscado por el legislador o si, por el contrario, es un error en el que se ha incurrido por querer agravar la pena (establecida en el Art. 166 CP) para el caso de detención ilegal, sin haberse percatado de que, en la redacción  que se le da aunando  la pena para el delito de detención ilegal y secuestro, se está rebajando la pena prevista para el secuestro para el caso de que el secuestrador no de razón del paradero de la persona detenida.

Veámoslo:

A-La Detención ilegal – art.163.3- en la actualidad tiene una pena de 5 a 8 años. Si aplicamos la agravante del 166 la pena será de 8 años más un día a 12 años.

Dado que el homicidio tiene pena de 10 a 15 años, la reforma anunciada sí agravaría la pena a este delito pero, si no se prevé agravación para el secuestro, se produce un acercamiento de las penas de ambos delitos.

B- El Secuestro en la actualidad -art. 164 CP, en relación con el 163.3 CP- la pena es de 10 a 15 años, y si se aplica la agravante actual del 166 la pena será de 15 años y un día a 22 años y seis meses.

Podemos concluir que la reforma del Art. 166 CP recogida en el anteproyecto, al castigar de 10 a 15 años el secuestro  cuando no se dé razón del paradero de la persona detenida, no sólo está equiparando el castigo que se prevé para la detención ilegal (lo que, en principio, no parece lógico) sino que, – siendo lo que nos parece más ilógico-  con la reforma, la pena fijada para el secuestro será la misma tanto si el encierro supera los 15 días (y se deja en libertad), como si el encierro se perpetúa y no se da razón del paradero de la persona detenida.

Es decir: si secuestran a una persona, piden un rescate, y lo dejan en libertad al cabo de más de 15 días, la pena que se impondrá será de 10 a 15 años. Con la reforma, tendrá el mismo castigo si el secuestrador hace desaparecer a la víctima, y no la deja en libertad.

Resulta evidente que, en principio, la redacción que se prevé para el Art. 166 CP parece ilógica, y que en consecuencia (si se entiende que, a día de hoy, el secuestro con desaparición de la persona retenida ya está suficientemente penado), la redacción que debería darse al Art. 166 podría ser:

El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida será castigado, con la pena de 10 a 15 años en el caso de detención ilegal, y con la pena superior en grado a la fijada en los artículos anteriores para el caso de secuestro.

Consideramos más lógico que el legislador, en relación con el secuestro, deje el Art. 166 tal y como está (que quedaría con una pena de 15 años y un día a 22 años), o que, caso de querer aumentar el castigo, estableciera  una pena de 20 a 25 años (lo que supondría un aumento de la pena máxima en 2 años y medio a la establecida en el Código Penal actual), de forma que penológicamente hablando, equipararía dicha conducta a la establecida en el Art. 140 CP que regula el asesinato agravado.

En el mismo sentido, si en lógica proporcional no quiere castigar tan gravemente el subtipo agravado de nueva creación (dado que supondría aumentar la pena en más de 25 años), consideramos que resulta más adecuado dejar el art. 166CP tal y como está en la actualidad para el caso de secuestro en que no se dé razón del paradero de la víctima, y establecer la pena de 20 a 25 años para el subtipo agravado, introducido en el anteproyecto, para cuando la víctima fuera menor de edad.

Dicha postura consideramos que sería más coherente, sobre todo si atendemos a que también se está planteando, en el mismo informe previo al anteproyecto de reforma del Código Penal, actualizar el delito de asesinato, considerando como tal además de los supuestos  ya previstos, el homicidio que se cometa para facilitar al comisión de otro delito o para evitar ser descubierto.

Por último, sin querer extendernos en esta cuestión dado que daría para un artículo diferente, consideramos que el legislador debería también revisar la formulación del subtipo agravado introducido en el Art. 166CP dado que, con la redacción prevista, es confuso si se prevé (la agravación por ser menor de edad, o cuando el delito tenga un móvil sexual) tanto para las detenciones ilegales como para los secuestros o si, por el contrario, sólo es una agravación prevista para el caso de detención ilegal.

Aunque es confuso, del tenor literal del precepto parece desprenderse que en el caso de secuestro sólo le sería aplicable la agravación “cuando la víctima fuere menor de edad” y no cuando se atente contra la libertad sexual de la víctima, siendo que nos surge la duda de si es esa la voluntad legislador (en cuyo caso, podría reformular el artículo para aclarar dicho aspecto) o si, por el contrario, se trata de un error de redacción.

 

 

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