La primera medida que llevará a cabo el despacho, que presta servicios integrales en el ámbito legal societario y cuenta con oficinas en Amsterdam, Pekín, Londres y Nueva York, es interponer en breve plazo una denuncia ante el Tribunal de Arbitraje de La Haya para disolver Brasilcel, propietario del 60% de Vivo.

El bufete, fundado en 1871 y que cuenta con 68 socios y 262 asociados, es el mismo que Telefónica y PT contrataron en su día para constituir Brasilcel y diseñar su armazón legal.

Telefónica dio el pasado sábado por «extinguida» su oferta a Portugal Telecom «al no haber aceptado el consejo de administración de PT dicha oferta dentro del plazo fijado».

Portugal Telecom pidió el viernes a Telefónica ampliar el plazo para la negociación por la venta de Vivo, después de que el consejo de administración de la firma lusa concluyera sin acuerdo sobre la oferta de la española para hacerse con su participación del 30% en la brasileña a un precio de 7.150 millones de euros.

El grupo español había dado de plazo límite al operador luso para decidir sobre dicha propuesta hasta las 23.59 horas del pasado viernes (horario portugués, una hora más en España). PT había pedido a Telefónica una prórroga con el objetivo de que las negociaciones continúen a un nivel más profundo, es decir, desde la junta del comité ejecutivo de la lusa.

El presidente de Portugal Telecom, Zeinal Bava, está manteniendo una ronda de contactos con analistas asegurándoles que la negociación con Telefónica no está rota de forma definitiva, en un intento de evitar un desplome de la cotización del grupo luso, que esta mañana acusaba una caída en bolsa próxima al 4%.

La capitalización bursátil de PT rondaría los 6.000 millones, muy por debajo de los 7.150 millones que Telefónica estaba dispuesto a pagar por la filial brasileña Vivo.

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