La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, concretó que esta medida de austeridad suprimirá unos 10.600 puestos de trabajo en la Función Pública y evitará «desviaciones al alza» de las masas salariales de los funcionarios.

Los únicos organismos públicos en los que no se aplicará la reducción de vacantes serán las Fuerzas Armadas, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, la Justicia, los servicios penitenciarios, los servicios públicos de empleo estatal y los controladores aéreos.

El Consejo de Ministros dio luz verde a la creación del Observatorio de Empleo Público, destinado a analizar la situación del empleo público y a la generación de recursos humanos «más eficientes».

«El Observatorio no creará ninguna nueva estructura y por lo tanto no tendrá coste adicional», aseguró De la Vega en la rueda de prensa tras la reunión de la cúpula del Gobierno, para después recordar que el Observatorio será dirigido por las comunidades autónomas, las corporaciones locales y los agentes sociales.

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