Corbacho reiteró que no está a favor de aumentar los subsidios, sino de «acompañar socialmente» a los parados que lo necesiten, a cambio de la suscripción de un itinerario «para volver al empleo».

De este modo se expresó en respuesta a una interpelación del diputado de CiU Carles Campuzano, ante el que aseguró que la tasa de cobertura actual de prestaciones por desempleo en España «es una de las más altas» y que existe un sistema de protección social «extenso y que funciona» para «paliar» las circunstancias de aquellos que han perdido su trabajo y los más desfavorecidos en términos de renta, como demuestra el nuevo crédito extraordinario de 17.000 millones destinado a esta materia.

Señaló que desde su llegada al Ministerio, se ha rebajado el tiempo medio de pago de prestaciones por desempleo de 18 a 5 días. «Vamos a seguir mejorando», incidió.

Aseguró que el Gobierno no impulsará ninguna reforma laboral «unilateral» al margen del Diálogo Social, porque «sería apostar por la propia crisis», y reiteró su «plena confianza» en que se alcanzará un acuerdo «antes de agosto» que amplíe el compromiso suscrito hace un año, «apostando por el fruto de la concertación y el diálogo».

En este sentido, señaló que «estaría bien» que «algunos» de los que piden una reforma laboral -como el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a quien no mencionó explícitamente- «empezaran a mirarse a ellos mismos» para ver qué reformas deben hacer, porque la crisis no es el resultado del mercado laboral, y tiene mucho que ver con la crisis financiera global y el modelo productivo de los últimos 25 años.

Mostró su disposición a revisar de la ‘A’ a la ‘Z’ el Ministerio de Trabajo para eliminar cualquier rigidez en la gestión de las políticas de empleo por su parte, pero reclamó a las comunidades autónomas y a los partidos nacionalistas que les señalen «qué artículos del reglamento» han de cambiarse.

Recordó que las políticas activas son competencia exclusiva de la comunidades y que de los 2.500 millones destinados a formación, sólo el 6% está gestionado por el Ministerio. Asimismo, recordó que los 1.500 orientadores «son pagados por el Estado», pero dependen «en la parte funcional y orgánica» de su labor de los gobiernos autonómicos.

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