La vuelta a la rutina tras las vacaciones lleva a algunas parejas a replantearse su relación. Según los últimos datos de del Consejo General del Poder Judicial, durante 2025 se produjeron en España más de 84.400 demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades), siendo los meses de septiembre y octubre los que concentran hasta el 30% del total.
Según datos del reciente Barómetro de la Protección Jurídica de onLygal, una de cada cuatro personas separadas o divorciadas (25%) afirma haber tenido dudas legales relacionadas con la ruptura en los últimos dos años. Para resolver dichas dudas sobre una ruptura, el 50,3% llamó o contrató a un abogado, mientras que el 12,9% no hizo nada, el 8,3% consultó a familiares o amigos y el 7,7% buscó información en Internet o en webs especializadas.
Asimismo, el 78% de las personas separadas o divorciadas afirma que le gustaría tener un abogado de confianza al que recurrir cuando lo necesitara, nueve puntos por encima del conjunto de la población (69%).
El estudio también refleja que la vía acordada tiene un peso relevante: entre quienes resolvieron las dudas legales relacionadas con su ruptura, el 32,5% alcanzó un acuerdo amistoso y el 14,1% inició un procedimiento de mediación, frente al 20,8% que emprendió acciones legales. Estos datos refuerzan la importancia de recibir orientación legal desde el principio para conocer las alternativas disponibles y evitar que el desacuerdo se agrave.
“El asesoramiento legal no debería comenzar cuando el conflicto ya ha llegado a los tribunales. Una consulta previa permite conocer las opciones disponibles, anticipar las consecuencias de cada decisión y explorar soluciones consensuadas cuando sea posible”, explica Natàlia Mañas, responsable del Centro de Asistencia Jurídica de onLygal.
Cinco decisiones que conviene valorar antes de una separación o divorcio
Antes de tomar decisiones o modificar unilateralmente la situación familiar, los expertos legales de onLygal recomiendan analizar en detalle las siguientes cuestiones:
- La vivienda familiar. Conviene determinar quién podrá utilizarla, qué ocurre si ambos son propietarios y cómo se afrontarán la hipoteca y los gastos asociados. Que uno se adjudique la vivienda no libera automáticamente al otro de la deuda hipotecaria: la entidad financiera debe aceptar expresamente cualquier cambio de deudores.
- Los hijos, si los hubiera. La custodia, la convivencia, las visitas, las vacaciones, el colegio y los gastos deben abordarse atendiendo al interés de los menores y a las circunstancias de cada familia.
- El patrimonio y las deudas. Deben identificarse los inmuebles, vehículos, cuentas, préstamos, inversiones o participaciones empresariales y comprobar su titularidad y el régimen económico del matrimonio.
- Los gastos familiares. Dejar de asumir pagos o cambiar unilateralmente la forma de atenderlos mientras se tramita la separación puede generar nuevos conflictos y reclamaciones.
- Los acuerdos entre los cónyuges. Un pacto puede evitar un procedimiento contencioso, pero debe revisarse jurídicamente antes de firmarlo para conocer sus efectos y asegurar que responde a la situación familiar.
Decisiones cuyos efectos continúan después del divorcio
La emisión de la sentencia o el convenio regulador no siempre cierran todas las cuestiones en el momento de la ruptura. La decisión de separarse abre cuestiones jurídicas y económicas que pueden condicionar durante años aspectos relativos a la vivienda, el patrimonio, las deudas o la relación con los hijos.
De hecho, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2025 se presentaron un total de 13.591 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 4,2% más que el año anterior. Cambios importantes en las circunstancias familiares o económicas pueden motivar revisar y cambiar dichas medidas ya sean relativas a la custodia, la pensión de alimentos, el régimen de visitas o el uso de la vivienda familiar.
“Cada separación o divorcio es diferente. No es lo mismo una pareja sin hijos que una familia con menores, ni una situación sin patrimonio compartido que otra con inmuebles, empresas o deudas. Aplicar soluciones genéricas puede dejar problemas sin resolver; cada caso exige un análisis individual”, apunta Mañas.
Además, onLygal recomienda abordar la ruptura de forma global y valorar conjuntamente sus consecuencias familiares, patrimoniales y económicas, tanto inmediatas como futuras.
