El Gobierno impulsó la transposición de la directiva europea de servicios. Tras aprobarse las leyes Paraguas y Ómnibus, su instauración en el ordenamiento español se completa a nivel central con el desarrollo reglamentario en 51 decretos.

Algunos se aprobaron en el último Consejo de Ministros, como el referido a la “eliminación de trabas para la entrada en el mercado del tabaco de nuevos prestadores de servicios”.

Según el mismo, dichos prestadores, para iniciar su actividad, no tendrán obligación de acreditar, solvencia financiera, capacidad técnica ni medios de transporte a utilizar (en el caso de los distribuidores).

Se elimina el requisito de licencia para las actividades mayoristas de fabricación, importación y distribución de tabaco, sustituyéndose por una “declaración responsable” de la voluntad de iniciar la actividad ateniéndose a la normativa.

Esa supresión de trámites inspira el conjunto de la nueva regulación de los servicios, que además incorpora en la mayoría de los casos el silencio positivo. También en el tabaco: transcurridos 15 días desde la notificación sin que se haya producido reparo por parte de la Administración, el mayorista quedará habilitado para actuar en el mercado. La licencia, por lo demás, pasará a tener carácter permanente, en lugar de los tres años de vigencia actuales.

En la misma línea desreguladora que inspira la directiva, el Consejo de Ministros eliminó la autorización administrativa que hasta ahora se requería para organizar sorteos con fines publicitarios o promocionales, siempre que la participación del público en las mismas sea gratuita y no comporte ningún tipo de sobreprecio. Así, no habrá que pedir permiso a Loterías y Apuestas del Estado, aunque se mantenga la obligación de comunicar su realización. En el mismo marco, el Gobierno derogó varias normas estatales sobre el acceso a la actividad turística.

El Ejecutivo espera concluir el desarrollo reglamentario de la directiva “en próximas semanas”. La responsabilidad reformista recae ahora en las comunidades, que tendrán que modificar 185 leyes autonómicas. Economía calcula que la directiva supondrá un aumento del PIB del 1,2%, y creará entre 150.000 y 200.000 empleos.

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