El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió que el Gobierno «ha sido sensible» a las reivindicaciones de sindicatos y fuerzas políticas y «ha hecho suyo» el objetivo de extender temporalmente el horizonte de esta prestación en siete meses, desde la fecha inicial del 1 de agosto.
Sin embargo, recibió la crítica unánime de los portavoces de la oposición, que le reprocharon la «improvisación» e «insuficiencia» de la última medida de protección social aprobada por el Ejecutivo socialista, si bien todos ellos, salvo la diputada de UPyD, Rosa Díez, dieron finalmente el ‘sí’ a la medida.
Corbacho defendió que esta norma responde a la voluntad del Gobierno de hacer frente a la vertiente «más dramática» de la crisis y su impacto en el colectivo «más vulnerable» entre las familias desempleadas, un colectivo que aumenta. «Ahora es necesario y urgente aumentar la cobertura extraordinaria de parados», recalcó.
El ministro señaló que estas ayudas de 421,79 de euros mensuales (el 80% del IPREM) durante un máximo de seis meses, para desempleados con rentas inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), va «más allá» de la Renta Activa de Inserción de las comunidades autónomas para ayudar de manera urgente a personas «que se enfrentan a un grave riesgo de exclusión social».
Asimismo, reiteró que el programa no se limita a establecer una prestación social económica, sino que contempla garantías para favorecer la inserción laboral, ya que los beneficiarios se comprometen a integrarse en itinerarios laborales gestionados por las comunidades autónomas.
