Por María Reguera, asociada senior del Litigation & Forensic de ECIJA.

El escándalo público que se ha organizado a raíz de lo que se conoce ya como la mayor filtración de la historia o caso Wikileaks, nos obliga a preguntarnos si tiene derecho la opinión pública a conocer y los medios de comunicación a difundir el contenido de cerca de 250.000 documentos que desnudan la diplomacia estadounidense y que el Presidente Barack Obama no ha dudado en tildar de “deporable”.

Como ya todos sabemos, WikiLeaks, que traducido quiere decir WikiFiltraciones o WikiFugas, se creó en 2006 para publicar delicados informes anónimos y documentos filtrados sobre aspectos religiosos, corporativos o gubernamentales de importancia global; sin revelar, en ningún caso, el origen de sus fuentes.

Sentado el carácter de publicación de WikiLeaks, no alberga duda que su actuación tiene encaje dentro del marco de la libertad de prensa. En este sentido, y como no puede ser de otra manera, su actividad se ampara en el ejercicio del derecho fundamental «a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión», esto es, el Derecho a la Libertad de Información, reconocido en todos los textos constitucionales modernos y, en particular, en el artículo 20 de nuestra Carta Magna y en la Primera Enmienda de la Constitución Norteamericana.

La posición especial que el Derecho a la Libertad de Información ocupa en los Ordenamientos Jurídicos modernos responde a que garantiza la existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político del Estado democrático, pero condicionada su protección a que la información, además de veraz, se refiera a hechos con relevancia pública.

Pues bien, en este caso, los contenidos publicados cumplen con los requisitos necesarios para encontrar amparo en la Libertad de Información pues, por un lado, los documentos difundidos son veraces, en tanto informan sobre hechos constatados y, por otro, el interés general de los mismos es incuestionable, toda vez que la información se refiere a hechos que afectan al conjunto de la ciudadanía. Por consiguiente, y con la ley en las manos, la información publicada es ajustada a Derecho por mucho que Obama lo tilde de “deporable”.

Y decimos esto con independencia de la licitud o no de las fuentes por las que WikiLeaks accedió a la información, pues aquí entra en juego una cuestión distinta: el secreto profesional, esto es, el derecho del periodista a no revelar toda la información, o la manera en que ha sido conseguida, para proteger a las fuentes, a sí mismo y a su ejercicio profesional.

Precisamente porque jurídicamente WikiLeaks es inexpugnable, los afectados por el contenido de dicha información están desarrollando vías alternativas sorprendentes para frenar su actividad. Así pues, son continuos los ataques informáticos a los servidores, se están retirando sus nombres de dominio, cancelando las cuentas de su titularidad para evitar donaciones voluntarias o incluso se está procesando ahora a su fundador, el señor Assange, por un supuesto caso de agresiones sexuales. Obviamente, éste no es el camino.

En suma, la actividad de WikiLeaks, desde el punto de vista jurídico, es inatacable. Y es que, lo contrario podría entenderse como un acto de censura en una nueva era del periodismo en el que la ciudadanía, en el ejercicio de su Derecho a la Libertad de Información, debe tener acceso a la información veraz de relevancia pública para la formación de una opinión pública libre.