La decisión se tomó tras una tensa reunión en la que participaron en torno a un centenar de letrados y en la que algunos de los afectados por los impagos del Consell llegaron a plantear incluso la posibilidad de darse de baja del turno de oficio como medida de presión.

Agotar las ocho horas de plazo que tienen para presentarse tras ser requeridos en los juzgados o manifestarse ante las puertas de la delegación del Gobierno valenciano en la calle Mayor fueron otros de los planteamientos, informó el CGAE.

Desde la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Castellón se defendió una postura «menos agresiva con los ciudadanos».

Según explicó el decano de la institución, Manuel Badenes, «a quien hay que forzar es a la Administración autonómica, no a las personas que necesitan un letrado de oficio».

Se acordó constituir la citada comisión mixta -formada por tres miembros de la junta y cuatro representantes de los más de 300 abogados afectados por los impagos de la Generalitat- que, según avanzó Badenes, «prevé reunirse la semana que viene para empezar a trabajar».

El Consell adeuda a los letrados castellonenses 630.000 euros correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2010, a los que a finales de marzo habrá que sumar en torno a 500.000 más por los servicios prestados en octubre, noviembre y diciembre.

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