Bravo ha acudido a la cita por «respeto» a la institución, pero se ha negado a someterse a las preguntas de los junteros porque «no le parecía correcto» dar pábulo a una investigación paralela al proceso judicial abierto en su contra, en el que están personadas las propias Juntas Generales.

Su llegada a la sede del Parlamento foral acompañado de su abogado, Javier Beramendi, ya anticipaba sus intenciones de no dar explicaciones de su responsabilidad en el caso Glass. Los distintos grupos políticos tuvieron que guardar sus preguntas en un cajón.

A la salida de su comparecencia, Bravo ha confesado que «está deseando» explicarse públicamente, pero su abogado no se lo permitía. «No comment. No procede. No me deja», ha sido lo único que ha acertado a decir, lo que contrasta con las dos horas largas de declaración que ofreció ante una comisión similar que investigó el caso de la Hacienda de Irún, en el que su hermano José María Bravo figura como principal imputado, aunque él no lo estaba.

La Fiscalía de Gipuzkoa atribuye a Víctor Bravo cinco delitos contra la Hacienda pública, dos de cohecho, uno de prevaricación y otro de omisión del deber de perseguir delitos por los supuestos beneficios fiscales que obtuvo la empresa Glass Costa Este, por los que la Hacienda estatal habría dejado de ingresar 2,1 millones de euros.

Junto a él están imputadas cinco personas más: la esposa del propio Bravo, Arantza Arbelaiz, ex presidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Diputación de Gipuzkoa, el ex alto cargo foral Rufino Eizagirre, el administrador de la empresa, Fernando González Enfedaque y su esposa, Yolanda Zuinaga Gorostiza y el administrador de la asesoría Alt Norte (ahora Cialt) Jesús Jiménez.

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