La novedad fue informada por los ministros de Igualdad, Bibiana Aído; Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, Justicia, Francisco Caamaño; la presidenta del Observatorio de Violencia de género del CGPJ, Inmaculada Montalbán; y la Fiscal de Sala de la Fiscalía contra la Violencia sobre la mujer, Soledad Cazorla.
Este sistema, que cuenta con un presupuesto inicial de cinco millones de euros, estará gestionado por la empresa Securitas Direct-Telefónica y a disposición de los juzgados de todo el territorio nacional. Según afirmó Aído, se ha desplegado una red logística tal, que cualquier juez que lo solicite podrá tener el dispositivo en 24 horas, el mismo plazo que la compañía ha dado para resolver cualquier incidencia técnica.
La cifra de 3.000 dispositivos equivale al 10 por ciento del total de órdenes de alejamiento que se dictaron en 2008, conforme apuntó la ministra de Igualdad. Sin embargo, a juicio de las instituciones implicadas, esta cantidad «da respuesta a las situaciones de mayor riesgo». No obstante, Aído señaló que se trata de una estimación «inicial» y que «se estudiará» con el tiempo si es necesario implantar más.
Para la ministra, la implantación de este sistema es «un paso más» en la lucha contra la violencia de género y una forma de decirle al agresor que «40 millones de ciudadanos le están observando», así como de hacerle saber a la víctima que «no está sola» porque «es el conjunto de la sociedad quien vela por ella».
Rubalcaba destacó que este sistema permitirá «proteger mejor» a la víctima, «disuadir» al agresor y «documentar» los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento. Asimismo, incidió en la «excelente acogida» que han tenido las unidades de protección de víctimas de violencia de género entre las Fuerzas Policiales. «Tenemos voluntarios para estas unidades», señaló.
Caamaño apuntó que los dispositivos de localización son además «un ejemplo práctico» de cómo ha cambiado en España la «justicia cautelar» que «hoy significa preocupación por la víctima», en este caso, de violencia machista. Sobre este asunto añadió que «aquello que afecta a la dignidad de las personas no puede quedar jamás tras las puertas de una casa».
