Por Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña   

            Debemos destacar, en primer lugar, que en España no cabe hablar con propiedad de la “mediación” penal. Esto es así por las singulares especialidades de nuestro procedimiento penal, donde en muchos casos no existe una víctima identificable que pueda ejercitar la acción penal (por ejemplo sobre la falsedad de un pasaporte) o bien no la desee ejercitar por sí mismo, delegando su resultado a la actuación de diversas administraciones (Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado, Letrado de la SS, cuerpos letrados autonómicos o locales).

La mediación, partiendo de la participación del Ministerio Fiscal en la práctica totalidad de los procedimientos por delito en nuestro país, carece de la finalidad que sí podría tener en otros ámbitos, como el civil, el mercantil o el laboral, por no hablar del carácter indisponible de la acción penal, con la excepción de las conductas de mínima entidad previstas en la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor (art. 19 LO 5/2000).

Lo que sí existe en nuestra legislación es la posibilidad de la conciliación a través de la más comúnmente conocida conformidad. La conformidad se encuentra específicamente prevista en los siguientes artículos:

Para el sumario ordinario en el art. 655 LECRIM. Deben tenerse en consideración también los arts. 688 y ss LECRIM, que simplemente describen la forma en que se realiza. Para el procedimiento abreviado debe seguirse el art. 787 LECRIM. En el caso de los juicios rápidos el art. 801 LECRIM es el que se debe consultar. Y, finalmente, para el Jurado el art. 50. 1 y 2 LOTJ.

Pues bien, como se puede ver, el régimen legal consiste en que tras hablar acusación/es con defensa/s a la puerta del Juzgado, siempre que la pena no sea superior a 6 años de prisión (en juicios rápidos 3 años) o 10 de cualquier otro tipo, por ejemplo inhabilitaciones, el Juez dicta la sentencia de conformidad.

Ahora bien, este es el legal, puesto que en la práctica forense se está imponiendo un criterio por el que se conforma cualquier tipo de delito, sea cual sea la pena que se haya pedido. Esto es así porque antes, y hasta no hace mucho, se escenificaba un teatrillo, por lo demás un tanto ridículo, para cumplir la ley.  Imaginemos un detenido en Barajas al que se le incautan dos kilogramos de cocaína, se le observa recogiendo la maleta, la reconoce como suya y la droga va en una doble cubierta.

Es un caso que carece de defensa, pero que obligaba, por ser la pena siempre superior a 6 años de prisión, a celebrar un juicio en el que entraba todo el mundo y se formulaban dos preguntas para cubrir el acta. Desde hace poco tiempo, tanto la Audiencia Nacional como las Provinciales, que han seguido el mismo criterio, prescinden del formalismo de los artículos citados, permitiendo cualquier tipo de conformidad en cuanto a la pena solicitada por la más grave de las acusaciones formuladas.

Protocolo de conformidades

El 1-IV-2009 se suscribió un acuerdo entre el Consejo General de la Abogacía Española y la Fiscalía General del Estado que se ha plasmado en cuanto a la Fiscalía en la Instrucción 2/2009 de la Fiscalía General del Estado. La idea, en sí misma, era muy buena; la creación de un turno de conformidades designando un fiscal determinado para las conformidades y dando pautas precisas para evitar así las notificaciones a todos los testigos y peritos que tendrían que acudir al juicio.

La realidad es que salvo en determinadas ciudades, hechas ciertas consultas de corroboración, el Protocolo no se está cumpliendo. Desde luego quien esto firma puede corroborar que ni las Fiscalías han designado fiscales únicos para realizar las conformidad y que los abogados suelen esperar a la misma mañana del juicio para entrar a dialogar si buscan la conformidad o no.

Propuesta de lege ferenda

Algo absolutamente evidente es que debe acabarse ya la sangría de esfuerzo para los Juzgados y para los particulares por la falta de sensibilidad de todas las partes procesales para atajar este problema.

Para los Juzgados: 1) Porque de establecerse un mecanismo eficiente y previo a la apertura del juicio oral, se ahorraría tiempo, y no poco, a los notificadotes, que podría ser utilizado para otras cuestiones. 2) El coste en sí mismo de las notificaciones: papel y  gasto de taxi/chófer autonómico.

Para los testigos y peritos: 1) Respecto a las fuerzas policiales, al ser evidente que si no deben inútilmente aguardar a la puerta del Juzgado, podrán dedicarse a las funciones que le son propias. 2) Para los testigos particulares, al no perder toda una mañana también en vano, la ventaja sería obvia. 3) Asimismo saldrían beneficiados los peritos de todo tipo, por las razones ya expuestas.

Pero es que incluso para las partes procesales resultará ventajoso el cambio propuesto en el párrafo siguiente: 1) El abogado de la defensa y el de la acusación particular acaban con el pleito antes, con lo que pueden adelantar su cobro y despejar su agenda. 2) Incluso para el Ministerio Fiscal sería beneficioso, ya que no se perdería  tiempo en estudiar un asunto cuyo juicio no se acaba celebrando, y por motivos evidentes de agenda al poder elaborar cuadrantes de servicio más pragmáticos. En una mañana en la que la mayoría de los juicios quedan conformados, es muy posible que el Fiscal de un juicio para el que se le habían reservado 45 minutos, por poner un ejemplo, este invierte sólo cinco en la conformidad, viéndose obligado a esperar al siguiente, del que ignora  si la defensa pretenderá la conformidad.

Por todo ello sería conveniente, ya que se está en fase de elaboración de una Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se crease una fase procesal específica, una vez concluida la instrucción, para que el acusado se conformase ante el órgano de instrucción, siendo fase preclusiva o, lo que es lo mismo, que, si no se diese la conformidad en la misma, ya se abriese juicio oral sin posibilidad de conformidad ante el Juzgado de lo Penal o ante la Sala.

La preclusividad es necesaria porque el procedimiento laboral ha demostrado que, mientras exista la posibilidad de acuerdo previo al juicio, esta fase pierde todo su sentido, al no usarla nadie. De esta manera se conseguiría que sólo se señalasen juicios, con los imprescindibles gastos que conllevan, una vez que las partes hubieran hablado y, a pesar de ello, no hubiera posibilidad de acuerdo entre ellas.

 

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