El Ministerio Público ha cerrado al tiempo otro caso de delito sexual por no haber indicios en su contra.
La fiscal de guardia sueca Maria Häljebo generó la semana pasada un revuelo en la Red tras ordenar el arresto de Assange, periodista y ex hacker australiano, por una denuncia de supuesta violación y tras recibir un informe policial.
La orden de detención fue retirada unas horas después por la fiscal Eva Finné al contar con más datos sobre el caso. Finné es ahora la juez responsable de las pesquisas en contra de Assange por acoso sexual.
Según ha comunicado de la fiscal, el fundador de la ONG, de vacaciones en el norte de Suecia, será interrogado próximamente en el transcurso de la investigación.
La legislación sueca define el delito de «ofredande» (acercamiento indebido o acoso) como que alguien de forma clara importune o, con otro comportamiento desconsiderado, moleste a una persona y está penado con un máximo de un año de cárcel, aunque lo normal es que se castigue con una multa.
Assange, de 39 años, y su organización, que aprovecha la protección al derecho a informar garantizado por la legislación sueca para evitar el corte de su web, está también en el ojo del huracán del Pentágono tras publicar el pasado 27 de julio 76.000 documentos clasificados con datos sobre operaciones militares en Afganistán y los lazos entre los servicios de inteligencia paquistaníes y los talibanes del norte.
Tras aparecer en Internet esa cascada de datos sobre inteligencia estadounidense, Washington solicitó a Wikileaks que entregase el resto de miles de documentos que dicen tener en su poder.
El jefe del Estado Mayor estadounidense, general Michael Mullen, ha llegado a acusar a la ONG de tener en sus manos «la sangre de un joven soldado o una familia afgana» por filtrar dicha información.
Assange no solo ha sugerido que el Pentágono está tras las acusaciones que se vierten ahora en Estocolmo en su contra sino que ha afirmado que mantendrán la labor que llevan desempeñando desde 2006.
