La sustracción de menores ha ido en aumento en los últimos años. La globalización y la internacionalización de nuestras sociedades han impulsado este fenómeno. Por otro lado, lejos de la caída que se augura para otros sectores, la investigación privada puede encontrar nuevos nichos de negocio cuando se supere la actual crisis pandémica.

sustracción de menoresSustracción intencional de menores

Pilar Tintoré, abogada especializada en Derecho Internacional de Familia e Infancia, es una de las mayores expertas de nuestro país en las cuestiones legales relacionadas con la sustracción internacional de menores, que fue también el título de su ponencia en el Detcon 2020.

Recordó que la sustracción no es un secuestro: «tiene lugar cuando un menor es trasladado ilícitamente por uno de los progenitores a un país distinto de donde reside habitualmente, violando el derecho de custodia atribuido a una persona o institución».  También podemos hablar de sustracción «en aquellos casos en que uno de los progenitores se traslada con el menor para residir en otro país, tomando la decisión de forma unilateral y vulnerando el derecho a decidir sobre el lugar de residencia del menor».

La labor de los detectives privados en este campo es fundamental, aseguró Pilar Tintoré. Y se complica según el país en el que tenga su residencia el progenitor sustractor. «No es lo mismo dentro de la Unión Europea que fuera de ella. Y, en especial, en los países que no suscribieron el Convenio de La Haya, de 1980, sobre esta materia», concluyó.

Alertó a los detectives privados sobre un error común y que puede poner en riesgo su labor: «aunque los problemas que cause sean los mismos, la sustracción solo se da de un país a otro, no de una ciudad a otra, o de una comunidad autónoma a otra».

¿Y después del Estado de Alarma, qué?

La cuarta jornada se cerró con una sesión múltiple dividida en dos partes. En la primera se entrevistó a Elena Saiz Navarro, enfermera de urgencias en el hospital 12 de octubre y profesora de esta materia en la Universidad Europea de Madrid.

Se abordó la situación en los hospitales españoles, las causas y las consecuencias de la saturación y de la improvisación.

Hubo preguntas fundamentales sobre el llamado día después: ¿Cómo se han certificado las defunciones?, ¿quién las ha certificado?, ¿pueden haberse pasado por alto defunciones por otras causas, incluso criminales? También, ¿quién ha sido el responsable de establecer los protocolos y de dar las órdenes?, ¿en qué circunstancias han sido atendidos los enfermos?, y un largo etcétera.

A continuación, varios detectives con experiencia en sus respectivos campos analizaron la importancia de las respuestas a estas preguntas y establecieron los parámetros para poder hablar de nuevas oportunidades de trabajo tras la crisis pandémica.

Enrique de Madrid analizó si son aplicables, de forma general, las reglas del compliance en esta situación. La legitimación para actuar cuando ha habido un fallecimiento atribuible a una mala praxis o desatención fue el tema que abordó David Sanmartín. Los fraudes se trataron desde una doble perspectiva. Por un lado, Manuel Rosa advirtió sobre la multiplicación de los cierres fraudulentos de empresas y sobre el aumento de los impagos con la excusa del COVID; por otro, Jaime Mateo auguró también el ascenso de las bajas laborales fraudulentas.

Cerró la sesión Rafael Guerrero con una cuestión en apariencia menor pero que puede causar muchos problemas en el futuro, tanto a los detectives privados como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: la identificación de personas cubiertas con mascarillas. «Tendremos que ser más imaginativos y trabajar mejor», resumió en su participación.

Fuente: Codpcat

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