Cinco mil escasos jueces para más de nueve millones de asuntos que entran anualmente en los juzgados españoles. Esta es la ecuación sobre la que centró su intervención el presidente del CGPJ y del Supremo Carlos Dívar en la Comisión de Justicia del Congreso en la presentación de la Memoria de Actividades del 2010, retrasada por la última convocatoria electoral.  Mas de cinco horas entre su intervención y el posterior debate con los respectivos grupos parlamentarios y su posterior réplica general a los intervinientes que dejaron claro la necesidad de modernización y  de crear una nueva estructura de nuestro sistema judicial.

Fue la réplica general a los parlamentarios de la citada Comisión, pasada las tres de la tarde, quizás el momento más interesante de esta comparecencia. Tras más de una hora de escuchar los pequeños alegatos de las fuerzas parlamentarias sobre la justicia y posibilidades de mejora, fue el propio Dívar quien contesto con un acertado monólogo bien estructurado la mayor parte de las cuestiones planteadas

El presidente del CGPJ volvió a mostrar el apoyo institucional de su entidad al Gobierno entrante de Mariano Rajoy, tal y como también hicieron con el Ejecutivo de Zapatero, “pero colaborar no significa estar subordinado o tener falta de independencia”aclaró. Desde su perspectiva sería bueno que hubiera un consenso generalizado en las grandes leyes del país, de tal forma que no se modificasen de forma periódica. Y avanzó que de cara a eliminar las discrepancias existentes entre el Supremo y el Tribunal Constitucional, se estaba impulsando el diálogo constitucional entre entidades sobre ciertas cuestiones, de cara a que exista una mejor colaboración entre entidades. “Creo que es muy aventurado decir que el Supremo no respeta los fallos del Tribunal Constitucional”, recalcó

Carlos Dívar glosó la figura del juez como persona solitaria, pero a la vez con la suficiente fortaleza  para reflexionar con serenidad. Y elogió todas las intervenciones como fruto de la pluralidad y libertad que hay en nuestro país. “Respondiendo desde la mansedumbre, esto es, ser paciente en todo, espero a sus señorias poder contestar en unos días, como señala el Reglamento de esta Cámara,  a todas sus cuestiones relacionadas con la mejora de nuestra justicia”.

Sin nombrar al juez Baltasar Garzón, involuntario protagonista de la sesión en el dia de ayer, se refirió al magistrado sancionado recientemente por prevaricación al comentar y contestar la exposición del diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares quien llegó a decir que no acataba el fallo de dicha sentencia. “Soy consciente de la expectación de dicha sentencia pero creo que los magistrados del Supremo obraron de forma correcta; por ese motivo me duele que se ponga en tela de juicio su probidad sin fundamento”, indicó

También aprovechó la afirmación propio diputado de la izquierda española y de Toni Canto, diputado de UPYD  que dudaban  sobre si los españoles somos iguales ante la ley, para dejar claro su punto de vista sobre esta cuestión y defender el comentario de la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, quien en una intervención televisiva pareció decir que no todos los encausados eran iguales ante la ley.  “Somos iguales ante la ley porque se nos aplican los mismos códigos y leyes procesales y el comentario descontextualizado de nuestra portavoz se refería que en determinados procesos surgen circunstancias diferentes lo que hace que deban tratarse los temas de manera distinta”

Politizacion de la justicia, confusión de términos

Respecto a la politización de la justicia, uno de los temas que la mayor parte de las fuerzas políticas en esta Comisión de Justicia sacaron a relucir, el presidente del CGPJ distinguió el concepto de gobernar bien, como acepción positiva, del concepto más cercano al ciudadano, en el que se confunden jurisdicción y el propio poder judicial representado por esta organismo. “Creo que la colaboración entre el poder judicial y el legislativo debe ser más estrecha. De hecho vamos a impulsar una Comisión liderada por el vicepresidente Fernando de Rosa y la vocal Margarita Robles para que mejore esta relación”. En ese sentido apunto que las reformas que tengan que hacerse en la justicia, no es cosa de su colectivo, sino de los legisladores. Dívar se mostró colaborador de cara a que el CGPJ pueda seguir informando de determinados proyectos de leyes,así como de cara a medir el impulso legislativo de determinadas normas que haya que cambiar. “A veces una reforma puntual puede desestructurar cualquier legislación, con lo cual es importante prever qué efectos pueda generar esa modificación concreta.”señaló

El presidente del CGPJ negó categóricamente a instancias de la intervención del diputado Olabarria del PNV que su institución hubiera ordenado como se decía en un programa televisivo el pasado fin de semana a la Fiscalia de la AN que se ocupasen de aquellos casos de terrorismo no resueltos aunque hubieran prescrito. Tampoco cree que con la nueva política de nombramientos de altos cargos judiciales desde el CGPJ se esté instaurando una política de reparto de posiciones “Nuestras decisiones por consenso en estos temas son de casiel 90 por cien y como bien saben ustedes cualquier interesado puede ver la comparecencia de los candidatos a estos puestos; incluso grabamos luego los procesos de selección”. Desde su punto de vista estos magistrados del Supremo y Tribunales Superiores elegidos están respondiendo con honestidad y competencia.

Varias de las intervenciones de fuerzas políticas como ERC, CIU o PNV le recordaron a Carlos Divar la asignatura pendiente de los Consejos Autonómicos Judiciales. A modo de respuesta volvió a citar al papel del legislador quien debe articular la puesta en marcha de estas nuevas instituciones jurídicas. La misma contestación esgrimió cuando se le preguntó por la inmersión lingüística, especialmente en Catalunya. Según el diputado Tardá del Grupo Mixto se había bajado considerablemente el número de sentencias dictadas en catalán.. Sobre la austeridad del CGPJ en estos tiempos de crisis, dejó claro que su entidad es la primera que se somete al control del Tribunal de Cuentas y que el año pasado solo habían gastado el 80 por ciento del presupuesto de su institución.

Mención aparte tuvo para el tema de las filtraciones periodísticas de los sumarios bajo secreto. “Creo que es un atentado grave ante la intimidad; el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia en particular y a la justicia en general”. Dívar señalo que se hace lo que se puede para evitar estas filtraciones aunque no es sencillo porque en determinados procedimientos intervienen muchas personas. “Pese a ello comparto la opinión de una de las vocales del CGPJ de reducir el tiempo del secreto del sumario a un tiempo exacto”

Sobre la litigiosidad uno de los temas específicos de su comparecencia dejó claro que es un problema no tener los jueces suficientes para afrontar el caudal de asuntos que entran anualmente “Me preocupa que haya juzgados que reciban anualmente cerca de 8000 asuntos de índole penal y civil, de esta forma es imposible que puedan conciliar su vida laboral y personal de ninguna de las maneras”. Respondiendo a una cuestión sobre la formación de los jueces, insistió en que “no se improvisan y tienen que estudiar mucho. Luego en la Escuela Judicial de Barcelona reciben una formación teórica y práctica interesante; incluso hay juicios ficticios que se organizan para que conozcan como es la mecánica de los procesos”.

 

 

 

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