Este recurso se sumará al presentado el lunes por Rosario, María Jesús y Ramón Areces Fuentes, sobrinos del fundador de El Corte Inglés, por lo que el Supremo tendrá que decidir sobre si se decanta por una de los dos valoraciones o si nombra a un experto independiente para que determine el precio de las acciones.

Las mismas fuentes explicaron que la empresa se sigue reafirmando en el procedimiento mantenido desde el principio del proceso de compra de los títulos de los Areces Fuentes en 2006 y que supone cumplir los estatutos de la compañía.

Los estatutos reconocen el derecho de tanteo de la sociedad antes de la venta de los títulos y dan capacidad al consejo de administración para solicitar una valoración de las acciones a los auditores de la sociedad.

La compañía seguirá defendiendo la valoración del auditor de cuentas Leandro Cañibano, a pesar de que la sentencia concluyó que su valoración “no había sido razonable y, por tanto, había que considerarla arbitraria”, ya que al no haber tenido en cuenta las plusvalías era “manifiestamente insostenible e inaceptable”.

La Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia dictada el pasado 29 de diciembre, puso de manifiesto la “dificultad” de determinar el valor del 2,04% de las acciones de El Corte Inglés que los hermanos Areces reclaman vender.

La sentencia también criticó la valoración aportada por Areces Fuentes elaborada en su día por el actual secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y el profesor del IESE Pablo Fernández, que situaban el valor de la sociedad entre 14.005 y 16.419 millones de euros, según el método de los flujos de caja.

De esta forma, según la sentencia, la valoración ofrecida por la empresa oscila entre 79,91 euros (acciones serie A) y 799,12 euros (acciones serie B), mientras que la de los demandantes es de 227,64 euros y 2.276,44, según el tipo de acción, lo que supone una desviación entre ambas valoraciones extremas de casi un 300%.