La mediación civil y mercantil es un procedimiento para resolver conflictos de forma extrajudicial. Las partes enfrentadas negocian un acuerdo para poner fin a su disputa, con ayuda de un mediador profesional. Este acuerdo es totalmente vinculante y tiene la misma ejecutividad que una sentencia judicial si se lleva ante el Notario. El proceso de mediación permite ahorrar tiempo y dinero a particulares, empresas y Estado. Sin embargo, la mediación no se ha incluido entre las medidas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno para agilizar los procedimientos judiciales, cuando el estado de alarma por la epidemia de Coronavirus lo permita.

mediadoresEn sus recomendaciones, el CGPJ tampoco ha planteado la posibilidad de que sea obligatorio acudir a una sesión informativa sobre mediación antes de poder presentar una demanda en un juzgado. Esta práctica ya sucede en la jurisdicción social, donde la conciliación (una especie de mediación) es obligatoria antes de demandar. Incluso si se llega a juicio, la conciliación tiene lugar en el propio juzgado para evitar el litigio. Según el CGPJ, un 23% de los casos laborales se resuelven de esta manera, sin necesidad de ir a juicio.

Desde Pactio Mediación pensamos que un buen punto de partida para regular la obligatoriedad de acudir a un procedimiento de mediación es el Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación, aprobado a principios de 2019, que no se llegó a tramitar en el Congreso de los Diputados por la convocatoria electoral. En el texto se recogen algunas ideas que podrían servir en los próximos meses para descongestionar los juzgados. Entre esas propuestas destacan la necesidad de intentar la mediación antes de plantear una demanda en asuntos como alquileres, reclamaciones de poca cuantía, herencias, cuestiones de familia o ejecuciones hipotecarias, uno de los campos donde, con toda seguridad, más actividad se registrará a lo largo de 2020. El Anteproyecto también contempla la posibilidad de que los propios jueces deriven a mediación los litigios que consideren que se pueden resolver por esta vía, como ya ha sucedido con cierta frecuencia en casos de “custodia compartida” de mascotas o litigios con aseguradoras.

El Gobierno puede aprobar mediante real decreto-ley las modificaciones legislativas necesarias en la Ley de Mediación y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, mientras que en el Congreso de los Diputados se puede dar forma a otras medidas que permitan usar la mediación como ayuda a las personas y empresas para resolver de forma rápida sus desavenencias.

Fuente: Pactio Mediación

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