El proyecto de ley se remitirá al Parlamento a lo largo de 2010 y contemplará también un refuerzo de las competencias de fiscalización de la Oficina de Control Económico (OCE) y del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).

El objetivo es que todas las sociedades en cuyo capital social esté presente el Ejecutivo, aunque no pertenezcan al sector público, se ajusten a los sistemas de control aplicables a entes como la Spri, Euskotren o la propia EiTB, que sí forman parte de éste.

De esta manera, su balance anual, sus ingresos y sus gastos se verán reflejados en los presupuestos generales de la comunidad y estarán sometidos también a la revisión del TVCP.

El Ejecutivo autonómico reconoce que la normativa estatal está muy avanzada y «bien estructurada» en esta área, si bien su deseo es extender esta práctica también a las fundaciones, algo no previsto en la disposición adicional novena.

El borrador de este proyecto de ley prevé incrementar la capacidad de control del TVCP de forma que pueda fiscalizar su contabilidad más allá de la mera supervisión de la legalidad de las subvenciones públicas que pudieran percibir.

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