Desde el 1 de noviembre vence la salvaguarda que firmaron en el 2002 los presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, para evitar que aplicara en Colombia el Tratado de Roma en ese capítulo.

Justificaron la medida para animar a los grupos armados a entregar las armas y reincorporarse a la sociedad. Sólo lo hicieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos altos mandos están todos presos.

Los grupos subversivos optaron por seguir en el oficio de masacrar, secuestrar, torturar, robar y extorsionar, que llevan ejerciendo cuatro décadas.

“Es como si les hubiesen otorgado un doctorado honoris causa: criminales de guerra, título que les convierte en proscritos en todo el mundo”, señala Fernando Tribilcok, de la Fundación País Libre, dedicada a luchar contra el secuestro.

El lunes 2 presentaron una nueva denuncia contra esas bandas terroristas ante al Corte Penal Internacional. “Un efecto real para ellos, en Colombia, es que ya no tienen maniobra política”. Eso significa que no podrán negociar la paz a cambio de impunidad absoluta.

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