Por José Luis Roca Aymar. Abogado, Profesor, Consultor

Hace tan solo tres días me pidieron, que en unas mil palabras, opinara sobre el nuevo Reglamento de la CCI, que entrará en vigor el primero de enero  del 2012. Como no hay razonamiento que, aunque bueno, siendo largo lo parezca, expondremos unas breves reflexiones acerca de su contenido.

Tiempo habrá de valorar in extenso su nuevo texto articulado y de comentar su largo proceso de gestación y estudio  por ilustres expertos y amigos, todo ello a luz de la experiencia acumulada por la CCI y de las  incidencias acaecidas en diversos e importantes procedimientos con partes procedentes de los cinco continentes.

Previamente debemos constatar que asistimos al cambio de numerosas legislaciones arbitrales o de reformas parciales,  siendo la francesa  y  la española  ejemplos de ello.

Paralelamente las cortes e instituciones de arbitraje de mayor prestigio y tradición, actualizan sus reglamentos para hacerlos más atractivos y seducir a la potencial clientela. La mejora en la “calidad del servicio” a un coste y en un plazo razonable de tiempo, son objetivos a conseguir. Todo ello sin merma de las garantías del debido proceso.

Porque la competencia  aprieta,  especialmente la  de ciertos  centros e instituciones en  Australia, Asía y América, de los que no vamos a hacer propaganda al ser conocidos por  todos los que nos dedicamos al arbitraje  desde hace años, bien desde la trinchera de administrar el conflicto, bien como árbitro, o abogado de parte.

Tras unas consideraciones generales formuladas desde un planteamiento práctico en la gestión de la controversia, pondremos finalmente la lupa sobre  algunas de las novedades aportadas en el Reglamento de referencia, con unas reflexiones finales.

Como premisa mayor, todo reglamento que no se adapte a las circunstancias específicas de cada procedimiento, es un reglamento mejorable por definición. Porque frente a la rigidez del cauce procesal ordinario,  contrasta  la necesaria flexibilidad de todo procedimiento arbitral.

El reglamento debe facilitar a las partes un catálogo de sugerencias y de soluciones eficientes. Prever  los eventuales problemas en la ordenación del procedimiento arbitral dando respuestas sólidas y jurídicamente viables en los diferentes ordenamientos, tradiciones y culturas de las partes, son condiciones necesarias. Lo óptimo es suficiente.

Identificar las “fuentes” de las posibles prácticas dilatorias de las partes, ofreciendo soluciones reglamentariamente previstas y  frustrando dilaciones, o disuadiendo a aquellas en su utilización, mediante  respuestas relevantes para el caso en concreto y substanciales para su prevención y resolución, todo ello en un tiempo y con un coste razonable,  son prueba de un reglamento eficiente.

Fomentar el acceso y la utilización de ODR o arbitraje online, en todo o en parte del procedimiento, mediante plataformas fiables en el uso de recursos multimedia  y complementadas mediante la firma digital , tanto en la ordenación y gestión integral del procedimiento como en la práctica de determinadas pruebas documentales en su más amplia y moderna acepción, dejando siempre  constancia para su eventual comprobación en soporte electrónico, óptico,  o  de cualquier otro de naturaleza  análoga, son también  pruebas de un reglamento sólido y eficiente.

Pasemos a una valoración de urgencia,  en concreto sobre la figura de árbitros para adoptar medidas cautelares o de emergencia, cuando todavía no está constituido el colegio arbitral, es en principio positiva aunque será un gasto más a tener en cuenta en el escandallo de costes procesales.

En lo relativo a las objeciones de jurisdicción arbitral, salvo estipulación de las partes,  suprimir como regla general el análisis prima facie por la Corte, pasando a ser competencia de los árbitros, va en línea con la tendencia creciente de la práctica arbitral, si bien se vacía de contenido al establecer que el secretario general podrá (facultad discrecional) decidir remitir el caso concreto a la valoración a primera vista de la Corte. ¿ En qué quedamos ?.Solución de compromiso,  para el control en definitiva por la Corte.

En cuanto a la imparcialidad e independencia de los árbitros y su formal compromiso de disponibilidad, son usos y costumbres de todo código de buenas prácticas, e incluso se venía  exigiendo en todo procedimiento.

Finalmente,  en lo concerniente a fomentar el uso de las modernas tecnologías  en la gestión del arbitraje, ya la propia CCI dispone de un servicio de gestión online de arbitrajes que denomina “NetCase”, pero en todo caso  será necesario que las partes, previa y expresamente, lo pacten. Actualmente la plataforma está desarrollada para el uso del inglés y francés.

Y para cerrar el paso a que las partes puedan, en cláusulas y acuerdos arbitrales, negociar la utilización del reglamento CCI extramuros,  sin que sea administrado por dicha entidad, dejan sentado que únicamente la CCI puede gestionar controversias con su propio reglamento.

El tiempo y la práctica dirán de la efectividad de todas estas novedades, unas de calado más jurídico que otras, eminentemente   marketinianas.

No obstante sí con las  modificaciones introducidas en  el nuevo Reglamento:

–        Se reducen los mecanismos procesales que tienden a judicializan el procedimiento.

–        Se permite la autorregulación para superar el lastre de algunas leyes nacionales, ganando terreno la integración y la  armonización del moderno derecho arbitral.

–        Se propicia y favorece que las partes puedan desarrollar el arbitraje de mutuo acuerdo,  con menos trabas procesales y con mayor flexibilidad procedimental.

–        Se potencia la trasparencia real en la selección y nombramientos de los árbitros, perfeccionándose   los sistemas de investigación y verificación más fiables y solventes para garantizar la independencia de los árbitros.

–        Se profundiza en la especialización de los árbitros, incidiendo en su formación y se acredita el dominio del reglamento que deban aplicar al procedimiento.

–        Se reducen los costes de tiempo por el uso masivo de las modernas tecnologías  y se contienen al menos los gastos del arbitraje de forma razonable,  evitándose  los eventuales abusos e injustificados gastos de todo tipo.

Entonces, en ese supuesto,  sí que la reforma y actualización será un éxito. En todo caso, llega en el momento procesal oportuno.

 

 

 

 

1 Comentario

  1. Eres mas acertado en tus comentarios ahora que esta fuera del CSC, donde han prescindido de un bastión incomensurable del arbitraje y pro evitacion de «las dilaciones, dispebndios y disgustos que na reclamacion judicial lleva consigo» (Castán Tobeñas). Enhorabuena y un saludo de tu amigo

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