PortatilLa Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado un auto en que plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el decreto que regula procedimiento para compensar la copia privada, que es el mecanismo de la nueva Ley de Propiedad Intelectual.

En concreto, los magistrados preguntan si el sistema establecido en el Real Decreto Ley 20/2011, que prevé compensar la copia privada con cargo a los Presupuestos Generales, es conforme a la Directiva 2001/29, que establece que los Estados miembros podrán fijar excepciones o limitaciones al derecho de reproducción en cualquier soporte, efectuadas por una persona física para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensación equitativa.

En caso de que el sistema sí respete la directiva, el tribunal pregunta si la cantidad total destinada por los Presupuestos Generales a la compensación, aun siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos para cada ejercicio.

Este nuevo sistema, que sustituyó al “canon digital” en 2012, también es el que prevé la nueva Ley de Propiedad Intelectual. Con el sistema anterior, las entidades de gestión de derechos de autores cobraban su compensación por las copias privadas a través de unas cargas que pagan los compradores de dispositivos que permiten duplicar contenidos. Con el nuevo sistema cobran en función del “daño estimado”, es decir, en función de lo que han dejado de cobrar por estas copias privadas. Antes cobraban entre todas unos 115 millones de euros, mientras que con el nuevo sistema unos cinco. Eso explica que las entidades plantearan diversos recursos sobre esta cuestión.

La cuestión no paraliza la tramitación de la nueva ley, que debería aprobarse a finales de este mes, pero sí pone en cuestión uno de sus pilares fundamentales. En su escrito, los jueces explican que hasta ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se ha pronunciado sobre esta forma de compensación económica.

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