La sentencia no acarreará ninguna sanción para la Generalitat.

La Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa del TSJC ha estimado el recurso presentado por CDC contra la campaña, que destacaba los 1.000 días de gestión del gobierno encabezado por Pasqual Maragall, y que tuvo lugar cuando el ejecutivo estaba sólo formado por PSC e ICV-EUiA.

En la sentencia, el TSJC recuerda que la ley estatal 29/2005 prohíbe explícitamente a las administraciones públicas que sus campañas «tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados» por ellas mismas, sino que tienen que informar de los derechos u obligaciones de los ciudadanos.

En sus alegaciones, la Generalitat dijo que esta ley se dirige específicamente a la Administración General del Estado, pero la disposición final segunda tiene carácter de legislación básica, por lo que, según la Constitución española, afecta a todas las administraciones públicas españolas.

El TSJC recuerda que durante el verano de 2006 se hicieron varios actos comunicativos con el mismo hilo conductor, ‘1.000 dies de Govern’, como una revista que se encartó en los principales diarios catalanes el 3 de septiembre.

La revista tenía 26 páginas, era a todo color y estaba escrita en catalán y castellano. Bajo el título ‘Pensando en las personas 2003-2006’, informaba de las «las actuaciones más relevantes que afectan a los servicios públicos de Catalunya».

El folleto repasaba las principales acciones del Gobierno catalán en materia de educación, ayudas a las familias, construcción de vivienda protegida, despliegue de los Mossos d’Esquadra, equipamientos culturales y las inversiones en sanidad. La misma semana, cinco consellers hicieron balance de la acción de Gobierno y presentaron el documento ‘Mil dies de Govern 2004-2006’.

También se distribuyeron opúsculos temáticos sobre salud y en la página web de la Generalitat se publicaron otros complementarios.

El TSJC considera que aunque no hubiera un acuerdo de Gobierno para realizar esta campaña, se trata de un acuerdo político, que afectó a varios departamentos, aunque no se haya podido determinar con exactitud.

Igualmente considera que CDC está plenamente legitimada para presentar el recurso, ya que como formación política en competencia con los partidos de gobierno vio afectados directamente sus intereses particulares, más teniendo en cuenta que el 1 de noviembre había elecciones al Parlament.

El alto tribunal catalán considera incluso «anecdótico» que en uno de los folletos de la campaña se afirmara que «alguien podrá calificarla de publicidad preelectoral. No importa».

Por todo ello, ha decidido estimar el recurso, declarar no ajustada a derecho la campaña y anularla.

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