Artur Mas anunciando que se celebrará la "consulta" con mecanismos alternativos
Artur Mas anunciando que se celebrará la “consulta” con mecanismos alternativos

La suspensión del Constitucional de la nueva ley de consultas catalana y del decreto de convocatoria de una consulta sobre la independencia de Cataluña el 9 de noviembre marcó el final de la ruta pactada entre los partidos partidarios de la consulta. Unos han apostado por seguir adelante pese a la suspensión y otros quieren seguir presionando para que el Estado tolere la consulta; pero el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha hecho su propia apuesta: organizar una “consulta alternativa” que no se base ni en la ley suspendida ni en el decreto de convocatoria.

“Habrá urnas, papeletas y locales”, explicó este martes Mas. La diferencia con la consulta planeada inicialmente es que se basará en la parte no suspendida de la Ley de Consultas, la que regula los “procesos de participación ciudadana”, sobre los que la Cataluña tiene competencia según su Estatuto. Se trata de procesos como encuestas, audiencias públicas y foros públicos; pero el presidente considera que podrá usarlos para organizar un proceso que tendrá, parece, el formato de una consulta, y en que se planteará la misma pregunta. También se mantiene la fecha, pero habrá sin embargo diferencias cruciales: no se usará el censo oficial y no tendrá lugar en los colegios electorales habituales, sino en edificios de la Generalitat.

De las explicaciones de Artur Mas se deducen más preguntas que respuestas: ¿Le seguirán los demás partidos? ¿Qué garantías hay si no hay censo? ¿Irán a votar los catalanes? Pero especialmente nos preguntamos si realmente ha encontrado un camino para esquivar la suspensión del Constitucional o si simplemente est nueva “consulta” seguirá el camino de su hermana mayor más pronto que tarde.

¿Es legal lo que ha planteado Mas?

“Estamos ante un fraude de ley claro”, asegura Pablo Nuevo, profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Abat Oliba CEU. “En la parte no suspendida de la ley de consultas no cabe un procedimiento con la doble pregunta pactada en su día por los nacionalistas, si el procedimiento incluye esta pregunta y los ciudadanos se pronuncian sobre ella en una urna  mediante el voto, es un referéndum”, explica. Para Nuevo, “se ideó la parte de la Ley de Consultas que está suspendida precisamente para este tipo de procesos mientras que los artículos no impugnados prevén encuestas, audiencias públicas y foros de participación, ahí no encaja lo que se está planteando”. [pullquote align=’right’] “Estamos ante un fraude de ley porque si se mantiene la pregunta y los ciudadanos se pronuncian en las urnas es un referéndum” [/pullquote]

Antonio Carlos Pereira, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Santiago de Compostela, coincide con Nuevo en que asistiríamos a un “fraude a la legalidad”, pero sin embargo lo considera poco relevante porque lo que se está discutiendo es la legitimidad: “Tanto legalismo positivista nos está arruinando el sentido común, si Artur Mas quiere hacer las cosas legalmente como estrategia ante la UE, eso es otra cuestión, pero estos conflictos no se arreglan con leyes, ni siquiera con Constituciones”. “Ni la más democrática constitución del mundo tiene necesariamente que prever la secesión e incluso es lógico que la prohíba. Pero, por lo mismo, ni el más respetuoso y civilizado de los secesionistas del mundo tiene obligación moral de obedecer la prohibición porque la establece la Constitución de una comunidad política que él cuestiona”, añade. “Lo importante no es si el Gobierno tiene a su favor la legalidad – que, al fin y al cabo, podemos decir que en su mayor parte la hace él – sino si tiene a favor la legitimidad democrática. En una democracia, por definición no se puede prohibir acudir al demos”, rebela. [pullquote] “Lo importante no es si el Gobierno tiene a favor la legalidad, sino la legitimidad: en una democracia, por definición, no se puede prohibir acudir al demos” [/pullquote]

En cambio, el especialista en Derecho Administrativo Beltrán Gambier no tiene claro si esta “consulta alternativa” vulneraría la ley: “Mas se somete a los dispuesto por el TC pero al mismo tiempo busca un camino alternativo, yo no lo veo claro desde el punto de vista legal pero no conviene apresurarse para hacer calificaciones”. Para Gambier, que considera legal y constitucional la consulta planteada inicialmente por la Generalitat, lo lógico sería que el Tribunal Constitucional levantase cautelarmente la suspensión de la consulta, tal y como pidió la Generalitat. “Para mi que el TC omita resolver sobre el levantamiento de la suspensión de la Consulta viola el derecho de defensa, la Generalitat tiene derecho a que se traten sus argumentos con tanta urgencia como la que se tuvo al suspender la consulta”, insiste. Para Gambier, hubiese sido más razonable esperar e insistir en que el Constitucional se pronunciase sobre el levantamiento de la suspensión o sobre el fondo del asunto.

¿Qué puede hacer el Estado?

Català-Consulta
Rafael Catalá aseguró que recurrirá la consulta alternativa si se mantiene la misma pregunta

Con la convocatoria original el Gobierno se limitó a recurrir el decreto ante el Constitucional y se ahorró actuar activamente en contra de la consulta. Sin embargo, Artur Mas explicó ayer que en esta ocasión no habrá decreto de convocatoria, porque no se trata de una consulta con todas las letras. ¿Significa eso que el Estado no puede optar por el mismo camino?

Para Pereira no habrá problema para repetir la experiencia: “La Constitución y la LOTC tienen una redacción bastante amplia que incluye ‘resoluciones emanadas de cualquier órgano autonómico’ y es difícil que en un procedimiento largo y complejo no se produzca resolución alguna. Además, en los casos del artículo 161.2 de la CE, el tribunal  actúa mecánicamente hasta que pasan los cinco primeros meses, de manera que es como si la potestad suspensiva fuera en realidad del Gobierno“. Sin embargo, Pereira considera que el TC no debería entrar en uno asunto así porque es un problema político que no tiene solución jurídica. “Además, el Constitucional no debería actuar como una mera correa de transmisión del ejecutivo, al que siempre le conviene dar la impresión de que estamos en un estado de derecho en que los jueces deciden imparcialmente”.

Gambier considera que mientras no haya resoluciones se trata de una situación nueva para la que habrá que articular “remedios jurídicos idóneos”. Apunta que podría actuarse a través de impugnar “las vías de hecho administrativas”, es decir lo que de facto esté haciendo la administración catalana, tal y como se hace en derecho administrativo.

Para Pablo Nuevo, es casi imposible organizar un proceso de estas características al margen del derecho, es decir sin actos administrativos porque en un estado de derecho “la Administración no tiene libertad sino que ejerce competencias, actúa en la medida que una norma previa le habilite, es decir está vinculada positivamente a la ley” (podríamos decir: si no esta permitido, está prohibido). De esta manera, la Generalitat no puede decidir sobre extremos como los locales dónde se llevará a cabo, la financiación del proceso o su control, sin dictar ningún tipo de acto. En cuanto haya un acto de contenido jurídico, el Gobierno podrá proceder a su impugnación.

¿Tendría valor el resultado?

Si se lleva a cabo este “proceso de participación”, quedará espacio para cuestionar los resultados en la medida que no se habrá usado un censo oficial -de hecho este era el principal impedimento para perseverar con la consulta original una vez suspendida-. “La inexistencia de un censo oficial conspira contra la calidad y rigurosidad del proceso democrático que se quiere llevar a cabo”, explica Gambier.

Nuevo va más allá y considera que que este defecto provocará que el resultado sea completamente previsible: “al no poder utilizar el censo ni el registro de participación suspendido no está claro como se articulará la consulta, pero desde luego no será expresión de la voluntad de los ciudadanos de Cataluña, sino que reflejará la opinión de aquellos que previamente han decidido participar“. [pullquote] “Al no poder utilizar el censo el resultado será el esperado y no la expresión de la voluntad de los ciudadanos de Cataluña” [/pullquote]

Pereira considera en cambio que no usar  censo oficial puede influir en las garantías democráticas pero que tampoco excluye que se aseguren los suficiente. “Lo que cabe exigir es un grado de garantía similar al de las elecciones, no mucho mayor por ser una consulta que molesta el Gobierno, ni mucho menor porque este la haya obstaculizado”.

La consulta definitiva, las plebiscitarias

En cualquier caso, Artur Mas explicó ayer que esta “consulta alternativa” no sería ni mucho menos la definitiva, sino un primer paso hasta la celebración de un auténtico referéndum. Para Mas, la negativa del Estado a autorizar la celebración de un referéndum sobre la independencia deja un sólo instrumento legal para consultar de forma vinculante a los ciudadanos: las elecciones plebiscitarias, que pasarían por la presentación de una candidatura única de todos los partidos independentistas. En su programa común, se supone, figuraría la negociación con el Estado sobre la independencia y eventualmente, ante el fracaso, una “Declaración Unilateral de Independencia“.

Gambier, Nuevo y Pereira coinciden en que nada impide convocar elecciones autonómicas y darle un “sesgo plebiscitario”. Aunque las elecciones no serían desde un punto de vista formal “plebiscitarias”, inevitablemente adquirían esa condición como mínimo para una parte de los votantes y así las considerarían los partidos favorables a la independencia.

Otra cuestión es si la “Declaración Unilateral de Independencia”, como medida inconstitucional, se puede incluir en el programa. Gambier considera que no: “Eso es una propuesta claramente antijurídica y podría ser prohibida por las autoridades electorales”. Nuevo en cambio cree que la doctrina constitucional, establecida por ejemplo en sentencias del TC como la 48/2003, permite defender “cualquier proyecto siempre y cuando no se defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales”. [pullquote align=’right’] “La Declaración de Independencia es una propuesta antijurídica y podría ser prohibida por las autoridades electorales” [/pullquote]

De todas formas, Nuevo advierte que la doctrina del TC sólo permite defender la declaración de independencia e incluirla en el programa, pero no para llevarla a la práctica. “En este supuesto, el derecho constitucional cedería el paso al derecho penal, precisamente para proteger los derechos de todos”, advierte.

4 Comentarios

  1. Se esconde el Derecho para hacer posible un compromiso político derivado de un deseo social que siendo importante no se sabe si es mayoritario; duda que en definitiva es de la que se quiere salir.

    Como catalán me gustaria participar de las decisiones de interés general, sean de ámbito local, autonómico o estatal, y ser consultado al efecto (pregunta escrita dicen en Canarias) que es algo que parece tener mayor consistencia que la ofrecida por una encuesta revestida de formalidad y, en el caso, carente de la información y la estructura previas necesarias. Las otras formas de participación previstas en la parte vigente de la ley de consultas catalana no encajan en el tipo de actuación propuesto y de tratarse de una nueva forma de participación, la propia ley la admite pero requiere seguridad jurídica, es decir, que se concrete normativamente. Por cierto, la ley de consultas necesita de reglamento de desarrollo según preve la misma.

    Como jurista, no me gusta que las decisiones de interés general, sean en el ámbito local, autonómico o estatal, se adopten al “tun-tun” o haciendo un uso jurídico exhorbitante e impropio por abusivo.

    Es propio de políticos responsables, internacionalmente observados, no errar e incluso el saber esperar como el caso hubiera requerido. Dudo que en su dia no vislumbraran nuestros políticos mayoritarios, o los minoritarios agrupados, la posibilidad de impugnación ante el Tribunal Constitucional y los efectos suspensivos inmediatos que tal acción conllevaría. Consiguientemente, el pueblo catalán – como todos- siempre obligado a cumplir las leyes, lo que en un Estado independiente no seria una excepción, debería haber sido informado de tal posibilidad y con ello de un posible aplazamiento de la consulta.

    Siendo muchos los años de espera hay capacidad para esperar unos pocos más – desafortunadamente el TC es así, entra ràpido pero sale todo lo lento que interesa al poder que lo dirige- y decidir con mayor conocimiento de causa; todo ello sin perjudicio de que la política unida, que ha de saber actuar para evitar la lentitud judicial, continue su avance en la renovación de una, hoy, Autonomia -constitucionalmente considerada y singularizada como histórica- en todas las direcciones posibles sin rechazar ni menospreciar, de entrada, ni terceras ni cuartas vías si són más factibles y representan un avance porque la mejora de la organización de las comunidades, especialmente las históricas, no sería contrario a la Constitución. Norma Superior que hoy, treinta y seis años después, nadie duda que se debería adaptar a los tiempos, ¡cómo todas las leyes!. El problema es de alcance de su revisión lo que nos devolvería al conflicto que hoy vivimos, eso sí, dentro del escenario habilitado al efecto.

  2. Opino desde la lejana Argentina. Demasiados problemas tenemos nosotros como para opinar sobre los ajenos. Pero, no obstante, se trata de un problema que, aunque español, tiene interés para todos.
    La convocatoria a una suerte de consulta informal es políticamente peligrosa, ya que muchos pueden llegar a votar seguros de que su conducta no tendrá consecuencias jurídicas y, entonces, el resultado será siempre dudoso.
    Distinta es la cuestión que razonablemente plantea Beltrán Gambier. El justiciable tiene siempre derecho a una pronta decisión, particularmente en cuestiones de cautelares. Ya lo decía García de Enterría en su ya clásico libro.
    Pero “en todos lados se cuecen habas, y en mi casa a bolsadas”. La Corte argentina tiene un tres juicios promovidos por la Provincia de Santa Fe contra el Estado nacional, intentando que se le paguen sumas debida o no se le retengan otras que en Derecho no se deberían. Y hay cautelares pedidas, pendientes de resolución, que llevan en ese estado ya un lustro…

  3. A raíz de esta polemíca creada, y de el planteamiento de la desobediencia civil como vía de hecho para alcanzar un fin, frente a la legalidad vigente, me hago una reflexión a modo casi de sofisma desde mi posición de español residente en la comunidad autónoma de Catalunya, ya que a pesar de haber sido concebido y residir y vivir en Catalunya toda mi vida, no comparto ese sentimiento (que si respeto) que alimenta la idea de la independencia, sino que la veo con buenos ojos pero por otros motivos.

    En primer lugar y en orden a la desobediencia:

    En el caso de que se llevara a término ese referendum plebiscitario, del que argumentan nacería la legitimidad para una declaración unilateral de independencia, ¿nacería al mismo tiempo el derecho a oponerse por la vía de hecho y de la desobediencia civil, de todos aquellos que se muestran contrarios y que por el momento callan?, ¿cabría una insumision fiscal respecto del nuevo Estado que se erige sobre una pretendida mayoría?. Dado que las propiedades de todas esas personas junto a sus aledaños han sido adquiridos por ellas y abonados sus tributos al anterior Estado titular de la integridad territorial, ¿debería el nuevo indemnizarles y estaría obligado a adquirirselas si manifiestan mi voluntad de abandonar el territorio, puesto que no albergando el sentimiento de ciudadanía del nuevo Estado resultaría contrario a la DDH imponerles una nueva nacionalidad por la fuerza, alterando el statu quo?¿podrían, esas personas, simplemente declarar unilateralmente la secesión o soberanía de sus dominios, ya que al desaparecer la potestad del Estado titular de la misma podrían ser considerados res nullius de derecho internacional público y ser reclamados por sus poseedores legitimos?¿podrían proponer un concierto económico con el Estado Catalán, vecino a sus propiedades, en el sentido de que sólo tributarían por los servicios recibidos? …entiendo que la respuesta será no, no por descabellada sino por una cuestión de fuerza, el nuevo Estado les impondría todo lo anterior y sino acatan tendrán que irse abandonando todo lo que poseen, o pechar con las consecuencias de toda índole (seguramente incluso penales ).

    En segundo lugar:

    Entiendo que el debate político, se desarrolla en términos absolutamente descabellados, bien es cierto que el Estado Español no puede esconderse tras las faldas de una Constitución obsoleta, redactada (no lo olvidemos) con ruido de sables en los pasillos del Congreso y por lo tanto más que con prudencia con justificado miedo a un golpe de Estado y un retorno a la Dictadura Militar, superado ese estado de las cosas (afortunadamente), ha llegado el momento de fijar las reglas del juego, ya que las anteriores no fueron pactadas libremente por los ciudadanos, sino que nos fueron dadas desde arriba a modo de “divina revelación mesiánica”, hasta la Constitución de los USA tiene enmiendas…y no pocas.

    Hecho mucho de menos que el Estado Español, mi estado, no se preocupe de crear un nuevo espacio de convivencia que supere ese pasado y que nos integre en un futuro juntos, como ciudadano que vive y trabaja en Catalunya (y según Jordi Pujol catalán, aunque repito no tengo el sentimiento nacionalista) veo con tristeza como mi presión fiscal es muy superior a la de ciudadanos del resto del Estado, como mis impuestos son consumidos con alegría en otras comunidades autónomas y como sus ciudadanos reciben más y mejores servicios que mis conciudadanos y yo, en aras de una malentendida solidaridad intercomunitaria que lo que hace es esconder una corruptela que no es otra que la compra de votos con dinero público, al más puro estilo decimonónico.

    Entiendo que después de 38 años democracia y de apoyo institucional (nacional y europeo) con inversiones faraónicas y con inyecciones continuadas y desproporcionadas de capital, malbaratado en muchos casos, ya es hora de que cada territorio empiece a andar sólo, ya sea de la mano, al lado, un poco por delante, un poco por detrás…pero no a remolque tumbado en el asiento de atrás del Estado, mientras otros vemos mermada nuestra renta con una desproporcionada presión fiscal (como ya he comentado).

    Y es que mientras no seamos todos iguales, mientras no seamos todos tratados igual, mientras no se reforme el sistema electoral y no se le dé a un hombre un voto (no es lógico que el voto de un ciudadano de una provincia poco poblada valga 50 veces mal que el voto de un Barcelonés, un Madrileño o un Bilbaíno), mientras el Senado no sea reformado y tengamos 2 senadores por provincia o 4 por comunidad autónoma, tengan capacidad de veto o reforma en las Leyes y por fin represente al territorio (en lugar de ser un mero trámite intrancesdente del proceso legislativo), no podremos evitar que cada vez más gente se quiera ir de un sitio donde te tratan como un ciudadano de segunda, lo decía Adams “no taxation without reprentation”. No puede ser que por ese diseño espurío de la Ley electoral la sexta parte de la poblacion del Estado (que somos los que aquí residimos) tengamos menos representación y por lo tanto no tengamos ni voz ni voto “proporcionada a la población” en el Congreso y por ende se legisle en muchas ocasiones sin tener en cuenta nuestros intereses.

    Y eso me lleva a un fenómeno que no está siendo tratado informativamente como es debido, y es que existe una masa de ciudadanos de Catalunya que abrazan la independencia por una razón de pura supervivencia económica y fiscal, ese es el fondo del asunto, al lado del Catalán nacionalista (que es una opción respetable) cuyo número sería bueno conocer (y que mejor forma que en votación o por medio de encuesta censal si es que nos dan miedo las urnas) existen muchísimas personas hartas de ver como el esfuerzo, la rectitud, el cumplimiento de las obligaciones fiscales a rajatabla y el sometimiento a las Leyes tiene como pago, menos y peores servicios… como ya he dicho ECHO DE MENOS QUE MI ESTADO, EL ESTADO ESPAÑOL, SE ACUERDE DE MI PARA ALGO MAS QUE PARA ORDEÑARME SISTEMATICAMENTE POR LA VIA DE LA EXACCION TRIBUTARIA, llevamos 38 años pagando la paz social, evitando la revuelta ciudadana del resto del Estado a costa de dar dinero para que otros mejoren en detrimento nuestro, pues bien al final a acabado por producirse la revuelta de los mansos, de los fieles, de los que han callado durante décadas mientras hemos sostenido un Estado de pan y circo (subsidios y fútbol), merecemos que al menos se nos hable y se nos diga algo, o por lo menos que se nos escuche. Espero que se busquen las soluciones a unas legítimas reivindicaciones. Señores no nos manden al TC, y si va a ser así por favor que los miembros del TC sean elegidos por los propios Jueces en el seno de la carrera Judicial, haya separación de poderes de una vez.

    • Juan Carlos Donaire, acabas de expresar mi opinión de la mejor forma posible. Llevo años sintiendo ese “desamparo” jurídicofiscal y represión. Me da la sensación que hay principios constitucionales que no “van por nosotros” y que la equidad (además de mano izquierda), ese principio francamente desplazado tal y como se demuestra en la actualidad (véase el tto que se da en los casos de GRAN corrupción entre la clase política) es un principio de utopía inalcanzable. Sí, presenciamos una obra teatral irremediablemente interminable. Nos han hecho creer que vivimos en la era futurista de la separación de poderes, y lo único que ha sucedido es que aquella monarquía absolutista que imperaba sembrando el terror entre sus ciudadanos (recordemos: simples poseedores de bienes de cual propiedad regentaba el Rey o escasos Nobles) a golpe de tributos y violaciones de toda índole, no quedan tan lejos de nuestra sociedad actual… Tan sólo se ha quitado la corona y se ha disfrazado con traje y corbata.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.