Estos seguros protegen a los responsables de las empresas de posibles acciones legales derivadas de su actuación como gestores, informó el periódico Cinco Días.
Inditex fue la primera compañía española en contratar una póliza de estas características, hace ya 20 años. En la actualidad, todos los nombres del Ibex cuentan con alguna, al igual que el 69% de las cúpulas del resto de cotizadas en el país.
La penetración del producto entre sociedades sin cotizar (35%) y pymes (16%) es, en contraste, significativamente menor.
A pesar de que la contratación del producto apenas alcanza al 10% del tejido productivo nacional (debido principalmente a su ínfima presencia entre las microempresas), el seguro de D&O va cobrando peso a ojos vista en el país.
En 2010 se han emitido pólizas por 115 millones de euros, frente a los 101 millones del ejercicio precedente. El alza es, por tanto, del 13%. En 2003, se emitieron contratos por 30 millones.
Las empresas más proclives a contratar estas coberturas son las inmobiliarias y las constructoras (45% del total).
En 2009 se percibió un creciente interés por parte de la alta dirección bancaria por suscribirlas, debido a su proximidad con la promoción de viviendas. Las entidades financieras ya representan el 19% del mercado.
Por detrás aparecen las empresas químicas y farmacéuticas (9%), de servicios (8%) y automoción (6%).
La creciente aceptación de este tipo de pólizas está provocando que las aseguradoras generalistas hayan comenzado a abordar lo que hasta ahora era casi un coto privado de las firmas especializadas.
Casi todos los gastos que tuvieron que atender las aseguradoras por siniestros el pasado año estuvieron ligados a defensa jurídica (83%). Mucho más lejos aparecieron el desembolso de fianzas (8%) y las indemnizaciones por responsabilidad civil (6%).
José María Elguero, subdirector de Marsh, destacó durante su presentación que la siniestralidad repuntará previsiblemente este año debido a que aún está pendiente de resolución ante el Tribunal Supremo una larga cola de pleitos en los que las audiencias provinciales han fallado en contra de las empresas aseguradas.
Los directivos suelen ser demandados por los accionistas de las propias compañías (39,5%) y los empleados (36%). A bastante distancia aparecen acreedores (9%), clientes (8%) y competidores (3,2%).
