De esta forma, el magistrado podría evitar ser suspendido en sus funciones jurisdiccionales como resultado de las tres causas en las que está imputado por el Tribunal Supremo, según explicaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

La Comisión Permanente del órgano de CGPJ estudiará el traslado solicitado por el magistrado, que se realizaría en situación de servicios especiales durante un periodo de siete meses, por lo que Garzón no perdería su plaza al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

Garzón, que está imputado por prevaricación y cohecho ante el Tribunal Supremo por su investigación de los crímenes de la Guerra Civil, los cursos en Nueva York y las escuchas a los cabecillas de la trama ‘Gürtel’, tampoco vería modificada de esta forma su condición de aforado, por lo que las tres causas seguirían investigándose ante el alto tribunal.

Si el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, que instruye la causa sobre la Memoria Histórica, dicta apertura de juicio oral contra Garzón y le sienta en el banquillo antes de que se le conceda el traslado, el CGPJ no tendría más remedio que suspenderlo en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La nueva maniobra cambiaría, en todo caso, este escenario. Fuentes del CGPJ explicaron que la suspensión de un juez tiene como objetivo apartarlo de la función jurisdiccional mientras se sustancian las causas penales que existen contra él, una situación que ya no se produciría si en el momento de adoptar esta decisión Garzón no estuviera al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El Consejo podría tener en cuenta esta circunstancia y no suspender al juez al menos hasta dentro de siete meses, cuando regresara del Tribunal Penal Internacional para volver a incorporarse a la Audiencia Nacional. En ese momento, su situación procesal podría haber cambiado por completo, en función de la evolución que tengan las tres causas judiciales.

Garzón ha realizado esta solicitud después de recibir el pasado 6 de mayo una invitación del fiscal del Tribunal Penal Internacional Luis Moreno Ocampo, que le propuso para este puesto, según las citadas fuentes, con el objetivo de aprovechar la dilatada experiencia del magistrado en la investigación de crímenes organizados y masivos. Así, se encargaría de asesorar a la Fiscalía del Tribunal Internacional parar mejorar sus técnicas de investigación.

El magistrado tendría su despacho en La Haya (Holanda), aunque podría desplazarse eventualmente a Congo, Uganda o Colombia, donde el Tribunal Penal Internacional tiene causas abiertas por crímenes contra la humanidad.

La creación del TPI se aprobó en 1998 y comenzó a funcionar el 2 de julio de 2002, después de que fuera reconocido por 60 estados. Está formado por 18 jueces, la Fiscalía dirigida por Moreno Ocampo y especialistas en Derecho Internacional y Penal.

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