“No se conocen los términos precisos del gravísimo acuerdo, pero se sabe bien que tiene su causa real en la posición de aquéllos frente al golpe de Estado producido en Honduras el 28 de junio de 2009, universalmente condenado como tal pero bendecido por la Corte Suprema del país. La misma que hoy se pronuncia de ese modo, en total coherencia con esa primera actitud de complicidad con la ruptura del orden constitucional hondureño”, dijo la asociación en un parte de prensa.

Y agregó que “en efecto, pues los ilegítimamente ‘despedidos’ lo son sólo por haber manifestado su rechazo del golpe, denunciándolo como delito, y por haber reaccionado, también en derecho, con un habeas corpus ante la ilegal detención y expulsión del presidente Manuel Zelaya”.

Es por lo que las asociaciones firmantes:

Denuncian en esta decisión una anticonstitucional e injusta vía de facto contra operadores de la legalidad de Honduras, así agredidos, precisamente, por cumplir con ella.

Exigen la inmediata restitución de los mismos en sus puestos.

Llaman a las instituciones internacionales y a los gobiernos democráticos a que expresen su rechazo de esa decisión, como continuación que es del golpe de Estado del 28 de junio.

Y expresan su profunda solidaridad con los afectados.

MEDEL

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE LATINOAMÉRICA DE JPD

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

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