Así lo expusieron los representantes de las distintas formaciones políticas durante su intervención en la cumbre político-empresarial organizada por la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM), que también presentará a la mesa del Congreso sus propuestas de modificación a la ley de morosidad.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, manifestó su satisfacción por “intentar liderar” una lucha contra la morosidad que de aplicarse finalmente “evitaría el cierre de negocio de miles de autónomos”, al tiempo que confió en que en las próximas dos o tres semanas se pueda debatirse esta ley para su aprobación.

El socialista Felix Larrosa incidió en la necesidad de una ley de morosidad “práctica y contundente”, que se muestre “absolutamente eficaz”, pero matizó que la iniciativa de la formación catalana “se puede mejorar” y valoró el trabajo que se continúa realizando en este sentido.

Más contundente fue la postura del diputado ‘popular’ Ramón Aguirre, quien afirmó que su partido apoyará “de forma cerrada y sin fisuras” la propuesta realizada por CiU, aunque adelantó que realizará enmiendas a algunos aspectos de la iniciativa como la creación del Observatorio Estatal de la Morosidad al considerar que el momento económico actual “no es el adecuado” para la constitución de esta institución.

En similar sentido se pronunció el secretario general de ERC, Joan Ridao, quien calificó de “inoperante e ineficaz” la ley de morosidad actual y tildó de “absolutamente imprescindible fijar los plazos de pago”.

Además de la reducción en los plazos máximos de pago, la proposición de ley elimina la posibilidad de que las partes pacten ampliar los plazos de cobros sin pagar intereses en compensación, no pudiendo superarse los dos meses en el caso de las operaciones entre empresas. Esta una es una de las principales reclamaciones propuestas también por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.

La iniciativa modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil con el objeto de incrementar de 30.000 a 50.000 euros la cuantía máxima que permite reclamar judicialmente una deuda por el procedimiento monitorio, y articula un nuevo procedimiento judicial que permite a las empresas “reclamar de forma ágil” a las administraciones públicas el pago de sus obligaciones.

La futura ley también plantea endurecer las sanciones para los deudores que no cumplan los plazos, con unos intereses que se correspondan con el precio real del dinero a fecha del aplazamiento incrementado en un 50%.

Otra de las peticiones de la Plataforma contra la Morosidad que también se incluyen dentro de la iniciativa parlamentaria es la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad, con la participación de las administraciones públicas, agentes económicos y sociales, que elaborará informes y recomendaciones sobre esta cuestión, en coordinación con los organismos autonómicos competentes.

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