José Manuel García Collantes ha comenzado su mandato al frente del Consejo General del Notariado con un caballo de batalla difícil de domar. La profunda reforma de los registros públicos emprendida por el Ministerio de Justicia ha enfrentado al colectivo que representa contra los registradores por una ley, según critica, en la que el notariado no ha tenido ni voz ni voto.
El Ministerio de Justicia asegura que se han aceptado más de 80 sugerencias del notariado en esta primera fase de borrador del proyecto.
No es cierto. Los notarios no hemos participado en su elaboración, lo cual no deja de ser curioso. Una ley que transforma completamente el sistema de seguridad jurídica preventiva en España no ha contado con el notariado. Este sistema tiene dos grandes sostenes: los notarios y los registradores. Y esta ley afecta a ambas patas y nosotros no hemos participado. La Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia no ha contado para nada con nosotros.
¿Han pedido reunirse con el ministro de Justicia?
Nos hemos encontrado con un ministro totalmente abierto al diálogo, en principio, pero luego hemos hecho una serie de propuestas alternativas y la Dirección General de los Registros y del Notariado no nos ha hecho caso en ninguna. Todas las propuestas han sido rechazadas por la Dirección.
¿Por qué ese rechazo frontal a la reforma?
En primer lugar, esta ley toca todos los registros y en especial al Registro Civil. Actualmente está pendiente la entrada en vigor de una ley del Registro Civil que fue aprobada en el año 2011 por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, pero con una vacatio legis de tres años, por lo que resulta curioso que antes de su entrada en vigor se cambie completamente esa ley, no con cambios concretos, sino con un cambio total. Algo raro hay. Si la otra tenía consenso esta es muy difícil que lo logre. En segundo lugar, en materia de Registro Civil es una ley tremendamente intervencionista. Somete a inscripción prácticamente a todos los actos de la vida privada de la persona, como el domicilio, lo cual no tiene sentido. En tercer lugar, en materia de Registro Mercantil y de la Propiedad, es una ley extraordinariamente burocratizadora. Se someten a inscripción una serie de actos y negocios jurídicos que hoy en día no están sujetos a inscripción y que no es menester por su escasa importancia, y se establece un procedimiento de inscripción de las transmisiones de dominio en el registro de la propiedad extraordinariamente complicado. No sólo no agiliza el tráfico jurídico, sino que pone muchas más trabas de las que había hasta ahora. Además, obvia los defectos que tiene ahora mismo el sistema de seguridad jurídica en España, como por ejemplo, el conocimiento de las cargas y de la titularidad de unos inmuebles en el momento de transmitir una propiedad. Por todo esto nuestra opinión es muy negativa.
¿Por qué esta ley está enfrentando a notarios y registradores?
Tanto registradores como notarios somos los agentes del sistema de seguridad jurídica preventiva en España, que son los requisitos o las barreras que el ordenamiento jurídico pone para evitar que los negocios jurídicos salgan al mercado viciados. Los dos son cuerpos prestigiosos con una altísima formación e integrados por magníficos profesionales. ¿Qué ha pasado? Que en determinadas zonas, las competencias de ambos colectivos se solapan y al solaparse surgen conflictos de competencia. Yo, desde que tomé posesión, no he hecho nada más que ofrecer la mano tendida hacia el cuerpo hermano para tratar de delimitar clarísimamente las competencias: unos realizan una serie de competencias previas o simultáneas a la contratación y otros, en la fase posterior. Son competencias importantísimas ambas y complementarias, y se refuerzan, además, mutuamente. Lo que no puede ser, y aquí va el proyecto de ley de reforma de los registros civiles, que uno aplaste al otro.
Dice que han tendido la mano a los registradores, ¿qué respuesta han obtenido?
Hasta ahora, ninguna. Hay un magnífico entendimiento personal con el decano de los registradores y con su Junta de Gobierno, pero no ha habido respuesta para sentarnos en una mesa juntos. Y cuando nos hemos sentado ha estado todo muy mediatizado por el proyecto de reforma integral de los registros, con el cual nosotros no podemos estar de acuerdo.
¿Debería mediar Justicia en este enfrentamiento?
El problema es que ese proyecto ha salido de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que no olvidemos que está regida por un director general que es registrador y por un subdirector que también es registrador.
¿Cuáles son los campos de solapamiento entre ambos cuerpos?
Hay muchos, pero fundamentalmente el control de legalidad. Los dos controlamos la legalidad y lo ideal sería que ese control cada uno lo ejerciera sobre una determinada fase del proceso y actualmente, prácticamente, los dos lo ejercemos sobre gran parte del proceso.
El Ministerio de Justicia ha abierto un proceso de desjudicialización, ¿están de acuerdo con este proyecto?
En eso sí estamos totalmente de acuerdo con el Ministerio de Justicia. Descargar en notarios, registradores o secretarios judiciales una serie de competencias que hasta ahora tenían los tribunales, es muy positivo.
¿Qué ventajas tendrá para el ciudadano?
Va a suponer una ventaja evidente, que es una mayor agilidad y eficacia en la realización de estos trámites. Para los juzgados va a ser positivo porque les quita un trabajo que no es judicial, que no es de enfrentamiento entre partes que es para lo que están los juzgados, para resolver diferencias, pero no cuando los intereses de los que intervienen son coincidentes.
¿Qué consecuencias está teniendo la crisis en las notarías?
La actividad económica ha disminuido muchísimo, por lo que también ha disminuido muchísimo el trabajo en las notarías. Hay notarías que han perdido más de la mitad de su volumen de trabajo, con la consiguiente reducción de ingresos. Lo que sí se está evitando por todos los medios es el despido de empleados. Hay que tener en cuenta que hay más de 17.000 empleados de notarías en España y, en términos generales, esos puestos sí se están manteniendo.
¿Continúa habiendo oferta de empleo en las notarías?
La previsión de puestos de trabajo en el Estado y las Administraciones Públicas está prácticamente congelada, pero en notarías no, sigue habiendo oposiciones. Ahora mismo se están celebrando unas de entorno a 80-90 plazas y cuando terminen estas, no hay ninguna previsión de que puedan retrasarse las siguientes. Estas oposiciones se convocan cada año y medio o dos años, y lo lógico es que continúen celebrándose.
Las notarías son un termómetro de la crisis económica, ¿manejan algún dato esperanzador?
No hay aumento de la contratación inmobiliaria, ni mucho menos, y sólo se observa hasta ahora un ligero repunte en la constitución de sociedades pequeñas, de poco capital. Ese es el único dato positivo que podemos aportar ahora mismo.
