“Sin seguridad jurídica, -ha dicho- no hay estado de derecho y sin Registros públicos que la constaten fehacientemente, el tráfico inmobiliario y mercantil sólo serían causa de inquietud privada y de frustración colectiva”.
Durante su intervención en el Centro de Estudios Jurídicos, donde se ha celebrado el acto, Francisco Caamaño ha defendido que “el éxito de cualquier negocio o transacción va parejo a la celeridad y seguridad con que pueda llegar a materializarse”, por lo que la seguridad jurídica preventiva que otorga el Registro “juega un papel relevante en las políticas económicas y sociales como factor preconfigurador y de consolidación de las relaciones jurídicas”.
Igualmente, ha alabado la figura del registrador, de quien ha dicho que “se constituye en defensor de la legalidad”, comprobando la adecuación o inadecuación de cada uno de los títulos que ingresan en el Registro para su inscripción.
Se trata, ha dicho, de un “servidor público que actúa por delegación del Estado y que decide sobre numerosos problemas cotidianos, problemas que afectan a la vida de las personas y de las empresas”, y ha remarcado que su actividad “es primordial a la hora de prevenir la aparición de conflictos sociales”.
El ministro de Justicia, no obstante, ha afirmado que el sistema registral “no puede permanecer anclado en el del siglo XIX” y ha apostado por su continua adaptación a nuestro modelo de Estado y a los tiempos actuales, “principalmente aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías para hacer más accesible la información y para garantizar la transparencia y la seguridad de la información sobre la propiedad y los derechos inscritos”.
