El Consell de l’Advocacia Catalana defiende la actual organización territorial de la Administración de Justicia, para no alejarla del ciudadano

Ciutat de la justíciaEl Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, ha manifestado su rechazo al anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta judicial que estudia el gobierno estatal, que pretende recentralizar los juzgados en las capitales de provincia. El borrador, presentado por el Ministro de Justicia en el Congreso, está pendiente de aprobación por parte del Consejo de Ministros.

El presidente del Consell, Miquel Sàmper, califica de ‘muy grave’ el anteproyecto de Ley de Demarcación y Planta, que implicaría la concentración de juzgados en macrociudades judiciales, con sede única en las capitales de provincia. La propuesta del gobierno español prevé la desaparición de los actuales partidos judiciales y la creación de una única demarcación provincial, con los juzgados con sede en la capital de cada demarcación. Por tanto, se suprimirían las Audiencias Provinciales y todos los juzgados de las distintas jurisdicciones y serían sustituidos por un único Tribunal de Instancia de ámbito provincial.

Esto implicaría que los actuales edificios judiciales, repartidos por todo el territorio, serían provisionalmente simples ‘delegaciones’ de las macrociudades judiciales en que se convertiría cada capital de provincia. Según se desprende del anteproyecto, mientras los edificios judiciales centrales no estén preparados para acoger todo este volumen de trabajo, continuarían funcionando los juzgados unipersonales, pero sin destinar más recursos, teniendo en cuenta que la intención final es que desaparezcan.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó antes del verano este anteproyecto, elaborado por una comisión de expertos, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y actualmente está pendiente de ser aprobado por el Consejo de Ministros y iniciar, posteriormente, el trámite parlamentario.

‘El proyecto nace a partir de una idea recentralizadora de la justicia en un momento en que en Cataluña se está trabajando, precisamente, en el sentido contrario, es decir, en el de la descentralización de la justicia para acercarla lo máximo posible al ciudadano’, denuncia Sàmper.

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