Tribunal SupremoLa sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo ha aprovechado la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente a 2013 para denunciar que “en los últimos años se viene percibiendo un incremento de las peticiones de indulto” por condenados por hechos de especial gravedad, acompañadas de solicitud de suspensión de la ejecución de las condenas,  que “suponen un injustificado retraso en el cumplimiento estas sentencias”.

Ante esta situación, han propuesto a la Fiscalía General del Estado a que propugne una previsión legal específica para dotar a los informes que los fiscales tienen que emitir sobre si debe suspenderse o no la pena de un condenado que ha pedido el indulto “del deseable marco legal y de la necesaria seguridad jurídica”.

Aunque la Memoria no señala ningún dato concreto, el problema que subrayan los fiscales del Supremo han sido noticia en los medios de comunicación en los últimos tiempos. En la mente de todos está la petición de indulto del expresidente del PP provincial y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que, a finales de agosto presentó la petición de indulto tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, en el conocido como ‘caso Naranjax’. Otras peticiones de indulto recientes han sido la de Jaume Matas, expresidente balear, y la del torero, José María Ortega Cano.

Además, la Fiscalía del Supremo reconoce que si bien es cierto que en las penas cortas la ejecución inmediata de la condena puede frustrar los efectos de una eventual concesión de indulto “no sucede lo mismo cuando se trata de las penas graves”.

En estos supuestos, la suspensión de la ejecución de la pena “carece de sentido”, según los fiscales del alto tribunal, y si el indulto propuesto es parcial “por regla general la pena conmutada por otra menos grave será de efectivo cumplimiento”.

También advierten del “fraude de ley” que supone la reiteración de solicitudes de indulto dirigidas a impedir el efectivo cumplimiento de la condena.

A este respecto consideran que “sería deseable” una previsión legal que contemple un determinado plazo para limitar “el uso abusivo del derecho de gracia por parte de los condenados que hayan visto desestimada una primera petición”.

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