pensiónEl crowdfunding, también llamado micromecenazgo, financiación masiva o financiación colectiva, puede adoptar varias formas pero todas ellas tienen una cosa en común: sustituye la necesidad de un prestamista único y poderoso por muchos y pequeños contribuyentes. No es una práctica nueva. Desde siempre se ha recurrido a las donaciones y participación de los ciudadanos para financiar monumentos, estatuas o obras sociales. Sin embargo, esta vieja fórmula de financiar algo con el dinero de muchos está siendo propulsada a la velocidad de un ciclón gracias a internet y las redes sociales. Estamos ante un fenómeno que ha comenzado a cambiar las reglas de juego en muchos sectores: la cultura, el activismo político, la inversión e incluso la banca.

El crowdfunding crece a un ritmo de tres dígitos al año y sólo en 2013 movió 3.700 millones de euros en el mundo, 19 de ellos en España. Y seguirá multiplicándose, el Banco Mundial emitió en el 2013 un informe en el que vaticina que el crecimiento de esta fuente de financiación es exponencial, y estima que en 2025 la financiación colectiva a través de internet puede alcanzar los 96 billones de dólares en todo el mundo.

Cada vez hay más emprendedores que buscan financiación a través del crowdfunding e inversores que quieren diversificar su capital hacia nuevas fórmulas. Paralelamente, además, han ido proliferando plataformas que ponen en contacto a empresas y a potenciales inversores, facilitando a estos últimos el conocimiento de todo tipo de proyectos empresariales en los que poder invertir. Ya hay más de 700 plataformas en todo el mundo. Sólo en EEUU existen unas 350, con una empresa de referencia: Kickstarter, que ha movido casi 1.000 millones de euros desde 2009 en más de 70.000 proyectos, en los que ha contado con la participación de siete millones de contribuyentes.

España no se ha escapado de la moda del crowfunding. Se estima que hay alrededor de 50 plataformas. Y, aunque esta fórmula de financiación está todavía lejos de alcanzar el desarrollo que tiene en los países anglosajones, está claro que ha llegado para quedarse.

Sin duda, en una etapa dominada por la crisis del crédito y la falta de liquidez, el crowfunding puede ser una salida para empresas, ONGs, emprendedores y asociaciones. Sin embargo necesita ser regulado, ya que las plataformas ponen en contacto a los inversores con los emprendedores sin existir relación directa entre ellos. Puede ser, pues, un campo abonado para el fraude y los abusos. Sin embargo, desde la Asociación Española de crowdfunding, se repite, una y otra vez, que “no se tienen constancia de situaciones de fraude” pese a que se han financiado de forma colectiva ya miles de proyectos.

Posible fraude

Aunque apenas se conocen casos de fraude con el crowdfunding en España, ya hay una sentencia firme en nuestro país sobre esta actividad. Se trata de el juicio contra la plataforma AUAmusic, una iniciativa precursora del micromecenazgo en el sector musical surgida en 2007. El 30 de marzo de 2012, AUAmusic anuncio su cierre y, entonces, comenzó a conocerse que los promotores que financiaban proyectos no recibían el dinero y los mecenas no recibían recompensas. Uno de estos contribuyentes decidió acudir a los tribunales aunque las cantidad que demandaba no superaban los 100 euros y, a mediados de este año, el juez condenó a los responsables de la plataforma.

Y, como en todo lo referente a internet y las nuevas tecnologías, hay defensores y detractores de regular en mayor o menor medida la financiación colectiva a través de la red. El Gobierno de Mariano Rajoy, quizás escarmentado con casos como el de las preferentes, los sellos de Afinsa y Forum Filatélico o de Nueva Rumasa, donde muchos ciudadanos han perdido sus ahorros, ha querido curarse en salud y ha optado por poner ciertos límites a la financiación colectiva con una ley que trata de proteger de forma especial al pequeño inversor.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, 3 de octubre, Proyecto de Ley (PL) de Fomento de la Financiación Empresarial en el que se ha propuesto por primera vez en España un régimen jurídico para regular el crowdfunding. El objetivo, según el Ejecutivo, es garantizar de manera equilibrada la correcta protección de los inversores y de impulsar al mismo tiempo esta nueva herramienta de financiación directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales.

La norma ya ha sido tachada por muchos juristas de “experimental” para un sector muy novedoso que está en pleno desarrollo. Consideran que se trata de una ley inicial, que “tendrá que irse modificándose según evolucione el crowdfunding”.

Así, para comenzar, el Gobierno ha optado por regular aquellos proyectos que se financien a través de acciones (equity crowdfunding) y préstamos (crowdlending). En otras palabras, sólo se pone límites a las figuras en las que el inversor espera recibir una remuneración monetaria por su participación, dejando fuera de esta norma los modelos basados en recompensas y donaciones, que son los que, de momento, más desarrollo han tenido en España.

El sector de la cultura centra el desarrollo del crowdfunding en España: libros, cortos, películas, obras de teatro o videojuegos se hacen ahora realizad a través de la financiación colectiva. Se suele recaudar una cuantía media de 3.000 euros, con una aportación de cada mecenas de unos 30. Así, muchos de estos proyectos cofinanciados se hacen a modo de precompra o recompensa: los contribuyentes pagan por adelantado un libro o un disco que todavía no está realizado. El récord en España en recaudación lo tiene un videojuego -una actualización de HeroQuest-, que ha conseguido juntar 680.000 euros.

El crowdfunding también ha tenido un fuerte caldo de cultivo en el activismo político y en la financiación de acciones judiciales. Levi y su Movimiento X en 2012 financiaron de esta forma la querella contra la cúpula de Bankia (15MpaRato) y reunieron 20.000 euros en sólo cinco horas. También ha sido una fórmula utilizada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que en sólo tres horas consiguió 10.000 euros para llevar a la expresidenta de la Comunidad Madrileña, Esperanza Aguirre, a los tribunales. Y ha habido acciones a nivel individual: el vecino de Valdepeñas (Ciudad Real), Luis Benitez, inició el pasado julio una campaña de suscripción popular para financiar acciones judiciales contra el ayuntamiento de esta localidad por presunta “corrupción política y administrativa”.

Sin embargo, el crowdfunding de inversión todavía no ha iniciado su gran despegue en España y está a años luz de los países anglosajones, donde ya hay destacadas plataformas especializadas en finanzas y crédito. Así, el pasado julio la británica CrowdCube lanzó una campaña para capitalizarse y, en poco más de 15 minutos, logró recaudar 1,5 millones.

Los interrogantes

Las principales plataformas de crowdfunding en España -Comunitae, The Crowd Angel, Loanbook, Socios Inversores o Lánzanos- han aplaudido la regulación para dar seguridad jurídica a la financiación colectiva. De hecho, en los últimos meses han luchado mucho para conseguir un proyecto de ley acorde a sus exigencias. El resultado es mejorable pero mucho mejor que el restrictivo anteproyecto de ley de principios de año, cuando se ponían unos límites de inversión excesivamente bajos para el desarrollo del sector.

Finalmente, el Gobierno ha establecido un límite a la inversión para los inversores no acreditados de 3.000 euros anuales por proyecto y 10.000 euros al año en el conjunto de plataformas. Para los acreditados no habrá límite.

La ley entiende por financiador acreditado objetivo a los bancos, aseguradoras, la administración pública y fondos de capital riesgo, y subjetivos a las personas físicas o jurídicas que acrediten unos ingresos anuales superiores a 50.000 euros o bien un patrimonio financiero superior a 100.000 euros.

Pero, ¿quién será el encargado de validar al inversor cualificado? Serán las propias plataformas las que “certifiquen” esta condición o serán los propios inversores los que se responsabilicen de acreditarse. Este interrogante queda de momento en el aire.

Otra duda es saber quién y cómo se medirá que la inversión conjunta en plataformas no exceda el límite establecido: Puede ser el inversor no-acreditado quien haga una declaración responsable a cada plataforma de que la inversión que quiere llevar a cabo, sumada a todas las demás que ya tiene en el resto de firmas, no supera el límite. O que sean las plataformas las que tengan un sistema para comprobar por ellas mismas si el contribuyente supera su límite. Otra opción sería que el organismo supervisor, la CNMV o el banco de España, se encargara de este control.

Con la intención de evitar posibles riesgos para los inversores, las plataformas web de equity crowdfunding estarán obligadas a actuar bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que les establecerá unas normas de actuación. Además, en el caso de las webs de préstamos entre particulares (crowdlending), las operaciones también serán vigiladas por el propio Banco de España. Habrá que ver cuáles son las normas de actuación que ponen los reguladores.

Lo que el Gobierno no ha modificado es el límite de financiación que una empresa puede recaudar a través de internet. Este será de un millón de euros, una cantidad que hasta ahora ninguna startup española ha alcanzado, pero que no parece inalcanzable a corto plazo. En el sector de crowdfunding se estima ya que la ley se ha quedado corta en sus cuantiías y que éstas tendrán que revisarse en poco tiempo.

Normas vecinas

Los países vecinos y anglosajones ofrecen ejemplos regulatorios más flexibles que el español. En Italia, el límite a la inversión se sitúa en cinco millones de euros al año; en Alemania, en 100.000 euros; mientras que en Francia no existen límites a la inversión a través del crowdfunding.

Estados Unidos en abril de 2012 aprobó la JOVS Act  permite a cualquier persona invertir un 2% de sus ingresos anualmente con ciertos límites monetarios, y a las jóvenes empresas pedir financiación a través del crowdfunding para inversores individuales de hasta 10 millones de dólares.

En Reino Unido se limita a un máximo del 10% de la renta en inversión para financiadores sin experiencia. Los profesionales o aquellos que estén asesorados podrán invertir más. También impone garantías garantías a las firmas de crowdfunding para que los pagos no se paralicen. Sin embargo, existen dos tipos de incentivos: uno para empresas nuevas y otro para empresas ya existentes de corta vida que permiten un ahorro fiscal de hasta el 50% y el 30% respectivamente de la inversión, si se mantienen las acciones adquiridas por un periodo mínimo de tres años y con unos máximos de inversión anuales de hasta 100.000 libras (70.000 euros) o un millón (700.000 euros), respectivamente. Precisamente, una de las cosas que echan en falta los agentes del crowdfunding en España son unos “atractivos incentivos fiscales que atraigan a la financiación colectiva”.

El crowdfunding también es motivo de estudio en la Unión Europea. A finales de agosto pasado, Bruselas creo un grupo de 25 expertos de alto nivel de diversos países con el fin de que le asesoren sobre el potencial que tiene la financiación en masa. La creación de este grupo de expertos tiene como finalidad la realización de acciones especificas para promover el crowdfunding, tales como la generación de sellos de calidad o la difusión de una legislación concreta en este ámbito.

Sin duda en un mundo global, en el que cualquier persona podrá invertir en cualquier lugar del mundo mediante el sistema de crowdfunding es de esperar que impongan algún elemento jurídico común. Algunos juristas abogan por un código de conducta internacional adaptado a las características específicas del sector de la financiación en masa y la sumisión de sus agentes al sistema arbitral o de resolución alternativa de conflictos.

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