El mes de septiembre de 2021 se ha convertido en una fecha histórica para las personas con discapacidad en España. Ya aprobada el pasado mes de mayo, la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica ha entrado en vigor este 3 de septiembre.

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¿Qué significa?

¿Qué supone esto? Nada más ni nada menos que el fin de las incapacitaciones judiciales y su sustitución por un sistema que ayude a la persona con discapacidades a tomar sus decisiones de forma autónoma, algo que hasta ahora no se podía hacer en nuestro país.

Esto significa pasar de un sistema en el que la capacidad jurídica de las personas con discapacidad no era reconocida como personas con plenos poder que se les podía privar y ser representadas por otros a través de mecanismos como la tutela o la incapacitación a pasar a otro en el que las personas con discapacidad, si necesitan apoyos para la toma de decisiones, tienen que tenerlos pero no ser sustituidas.

Toda una victoria

Esto se ha convertido en toda una victoria para las diferentes asociaciones en España que llevan pidiendo esto durante año ya que por fin han podido ser escuchadas, aunque temen que esto se quede en papel mojado. Por eso, reivindican que esto se trata de un paso adelante para decidir, ya que muchas personas no podían hacerlo pese a estar en plenas facultades. Y ante las dudas, algunas personas piensan en acudir a profesionales, como Uhy Fay & Co., ante cualquier problema que pueda ocurrir al respecto.

Para concretarlo, se sustituye la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad por una “ayuda técnica” en materia de “comunicación”, por lo que habrá una representación en la toma de decisiones, algo que se daría solo si el apoyo de puede darse de otra manera.


Y es que esa victoria pasa porque las personas con discapacidad ya no podrán ser incapacitadas en un tribunal, como se leerá en el derecho procesal.

Esta norma evita que las personas con discapacidad deban pasar por un juez cada vez que querían ir al banco, comprar una vivienda o escribir sus últimas voluntades en el testamento.

Eso sí, únicamente se acudiría a la justicia en casos excepcionales en los que, a pesar de la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de la personas.

Una ley humana

Se trata de una ley que afecta a todos, ya que cualquier persona puede tener una discapacidad y vivir así, ya sea de nacimiento o durante el transcurso de la vida, por lo que se le ha considerado una “ley humana” en donde se respeta las preferencias de las personas y no sustituirlas por otras.

Asimismo, supone un cambio de paradigma ya que se les reconoce a las personas con discapacidad como adultos en completa libertad.

No obstante, aunque parezca que todo es bonito, lo cierto es que va a tomar mucho tiempo, sino décadas, en pasar de un modelo a otro. Algo que no será fácil, pero las asociaciones y abogados piden al modelo jurídico que asume este nuevo modelo y que la justicia tenga las herramientas adecuadas para implementarlo. 

Pero, ¿cómo hacerlo? más recursos humanos y materiales para que sea eficaz esta reforma, así como financiación y compromiso para garantizar su operatividad y el apoyo para que los afectados puedan, al fin, tomar sus propias decisiones.

Las organizaciones están haciendo hincapié en la necesidad de formar a los profesionales del poder judicial y de la abogacía. Asimismo, reivindican la necesidad de dotar de los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios tanto a la administración de justicia como a las entidades de apoyo.

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