El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha asegurado que la presidencia española de la UE en el ámbito de la Justicia no sólo ha conseguido los objetivos propuestos, sino que ha servido para desarrollar “a fondo” un espacio europeo de Justicia “de mayor calidad, más eficiente, al servicio de todos y que amplía los derechos y las libertades de los ciudadanos”.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la Unión Europea, donde ha presentado los resultados en este área, el ministro ha calificado la Presidencia de española de “fuerte, seria y comprometida con la construcción de una Europa más justa, más libre y más segura”.

Tras agradecer el “apoyo y aliento brindado” desde esta Comisión, el ministro ha subrayado que en este semestre se han conseguido alcanzar “importantes objetivos en la promoción de los derechos fundamentales, la protección de las víctimas, las garantías procesales, el Derecho de Familia, la modernización de la Justicia a escala europea, el fortalecimiento de la cooperación judicial, el apoyo a la actividad económica y en las relaciones con los principales socios de la Unión”.

Francisco Caamaño destacó, en primer lugar, el acuerdo alcanzado para la directiva relativa a los derechos de interpretación y traducción en el proceso penal, primera pieza legislativa adoptada en el marco de la cooperación judicial penal tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, cuya aplicación le ha correspondido a la Presidencia española.

Sobre la Orden Europea de Protección, una de las prioridades más relevantes del semestre español, el ministro definió como “prolijos y profundos” los debates generados por la propuesta española, apoyada 11 estados miembros, que a su vez han servido para cumplir uno de sus propósitos: situar a las víctimas en el centro de la atención de la cooperación jurídica y judicial en Europa.

Francisco Caamaño explicó que España ha defendido la adopción de esta orden como un elemento de cooperación judicial “sin cortapisas entre Estados miembros, con independencia de la naturaleza de la jurisdicción que dicta las medidas de protección en cada país”, iniciativa que fue avalada por los servicios jurídicos del Consejo y del Parlamento.

Frente a esta tesis, señaló el ministro, estuvo el parecer de la nueva Comisión, “que se ha aferrado a una interpretación restrictiva del Tratado”, pretendiendo circunscribir la propuesta al estricto ámbito de los procesos criminales.

A su juicio, “bajo este apasionante debate jurídico se escondía un pulso institucional por los espacios de iniciativa, esto es, una pugna para trazar los límites de los respectivos ámbitos de competencia en el marco recién estrenado de Lisboa entre la Comisión y los Estados miembro reunidos en el Consejo”.

Por esta razón, el ministro subrayó la apuesta por seguir avanzando en el proceso de co-decisión con el Parlamento Europeo, lo que obtuvo un respaldo mayoritario de 18 Estados en el Consejo de Ministros del 4 de junio pasado.

Igualmente, Francisco Caamaño explicó que se ha conseguido un acuerdo político en el Consejo sobre la propuesta de Directiva contra el tráfico de seres humanos, que abre también la puerta al diálogo de co-decisión con el Paramento Europeo, “tomando como base un texto que incrementa las medidas para prevenir y perseguir este tipo de delitos, así como la protección de sus víctimas”.

En el ámbito civil, el ministro se mostró “particularmente satisfecho” de la instauración, entre 14 Estados miembros, de la primera cooperación reforzada que ha visto la luz: el reglamento aplicable en materia de separación y divorcio o Roma III.

“Hemos conseguido –dijo- que se haya superado un bloqueo que se prolongaba durante años”, dando lugar a un reglamento que facilitará los procesos de separación y divorcio entre cónyuges de distinta nacionalidad.

De igual forma, Francisco Caamaño expió que se han logrado aprobar unas directrices políticas para desarrollar el reglamento sobre la ley aplicable a sucesiones y testamentos, contribuyendo así “a allanar el terreno para la futura adopción de este instrumento de gran transcendencia por el número creciente de hechos sucesorios transfronterizos”.

Otro de los objetivos alcanzados por la Presidencia española en materia de Justicia ha sido la aprobación por unanimidad del mandato para negociar la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CDEH).

“Una de las buenas noticias –afirmó Francisco Caamaño- de este semestre”, porque supone “el primer paso de un proceso cuya culminación con la adhesión de la Unión al CEDH contribuirá a reforzar la protección de los derechos fundamentales de los Tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo”.

El ministro de Justicia recordó que el semestre español también ha conseguido lanzar la reflexión sobre la figura de la Fiscalía Europea, prevista en el artículo 86 del Tratado Fundacional, así como aprobar una resolución por la que se actualiza el modelo para la creación de equipos conjuntos de investigación. En cuanto a la formación judicial y el uso de las nuevas tecnologías en la Justicia, explicó que España ya es pionera en proyectos como la apostilla electrónica y ha impulsado y desarrollado el portal europeo de Justicia electrónica.

Asimismo, Francisco Caamaño explicó que se ha relanzado la cooperación jurídica y judicial entre la Unión Europea y Estados Unidos, con avances en la aplicación de los acuerdos de extradición y de asistencia jurídica mutua y la firma del nuevo acuerdo contra la financiación del terrorismo (TFTP o SWIFT). También con Rusia y Ucrania, países con los que se ha impulsado la cooperación judicial penal y civil, marcando un punto de inflexión en sus relaciones con la UE.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.