La sección segunda de la Sala de lo Penal ha adoptado esta decisión en un auto al entender que las ilegalizaciones de ambas formaciones han hecho disminuir el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y, aunque la pena a la que pueden ser condenados no es inferior a 6 años de cárcel, con la imposición de la citada fianza considera que se evita que se sustraigan a la Justicia.

El tribunal, compuesto por los magistrados Fernando García Nicolás, Ángel Luis Hurtado y Enrique López (ponente), estima así parcialmente el recurso de apelación de las defensas de estos ocho imputados contra el auto en el que Garzón acordó su ingreso en prisión provisional antes de acordar la suspensión de actividades de D3M y Askatasuna.

Se trata de Amparo Lasheras, portavoz de D3M que figuraba como cabeza de lista de esa nueva plataforma electoral en Álava; Arantza Urkaregi, Imanol Nieto, la que fuera candidata de Askatasuna en las elecciones vascas de 2001 Agurtzane Solabarrieta Mesa, Iñaki Olalde, Elizabeth Zubiaga, Iker Rodrigo y Hodei Egaña.

Garzón les imputa un delito de integración en organización terrorista por «dar cumplimiento a la estrategia de ETA», tratando de «burlar» las ilegalizaciones de Batasuna, Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV/EHAK) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) con esas nuevas marcas electorales con las que pretendieron concurrir a los comicios del 1 de marzo en el País Vasco.

El Tribunal Supremo impidió su presencia en las elecciones al ilegalizar ambas marcas electorales por considerarlas sucesoras de Batasuna, decisión que fue conformada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

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