Concentración de abogados valencianos en contra del proyecto de Asistencia Jurídica Gratuita que contó con el apoyo del ICAV
Concentración de abogados valencianos el pasado viernes en contra del proyecto de Justicia Gratuita que contó con el apoyo del ICAV

Los Colegios de Abogados de Barcelona y Valencia se han puesto de acuerdo para combatir tres de los proyectos de ley del ministerio de Justicia, que pretenden modificar sustancialmente algunas de las instituciones de la Justicia de España. Se trata del proyecto de Ley de Justicia Gratuita y los anteproyectos de Ley de Colegios Profesionales y de Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ambos Colegios consideran que estas normas van en contra de los derechos de los ciudadanos y de la institución de los Colegios de Abogados. Para combatirlos, ambas corporaciones han acordado diseñar un plan conjunto de actuaciones, además de presentar alegaciones a todos estos proyectos de forma independiente.

En el caso del proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, los colegios critican el incremento de trámites que deberán hacer los ciudadanos para acceder al beneficio, la insuficiencia de recursos para sufragar el Turno de Oficio y la asistencia al detenido y, muys especialmente, la pérdida de derechos de los ciudadanos que no podrán acceder. Además, desde Barcelona y Valencia consideran que no se valora adecuadamente el trabajo de abogados y colegios porque se homogeneizan a la baja los módulos de pago y no se resuelven algunos aspectos primordiales para ofrecer una buena defensa, como la garantía de la independencia de criterio del abogado. Para el decano de los abogados de Valencia, Mariano Durán, “con esta medida no se busca la calidad del servicio” y el ministerio de Justicia demuestra “una falta de sensibilidad hacia un servicio público esencial como es el Turno de Oficio, prestado por letrados con alta formación y experiencia”.

Los dos Colegios se oponen también al anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales porque “debilita” los colegios. Esta ley, juntamente con la de Justicia Gratuita provocaran que los colegios no tendrán suficientes recursos per garantizar los servicios básicos de estas corporaciones, entre las que está la supervisión del trabajo de los profesionales para que respeten las normas deontológicas. Además, según los colegios, está ley representa una intromisión en su independencia y régimen democrático.

El decano del ICAB, Oriol Rusca, leyendo un manifiesto en contra el proyecto el Justicia Gratuita
El decano del ICAB, Oriol Rusca, leyendo un manifiesto en contra el proyecto el Justicia Gratuita

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, explica que “los colegios proporcionan una póliza de responsabilidad para abogados y no no entendemos que esta cuestión deje de tener obligatoriedad en el anteproyecto porque se puede crear una situación de indefensión muy grande hacia las personas.

Desde el ICAV, su decano recuerda que los colegios ya se actualizaron en 2009 por una ley ómnibus, y considera que la nueva normativa lo que pretende es “desregular la actividad profesional de la abogacía en detrimento de los ciudadanos, un procedimiento que recuerda la desregularización de la Banca en España”

Por último, el ICAV y el ICAB se oponen al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial porque el texto plantea suprimir los partidos judiciales y sustituirlos por las provincias, lo que consideran que romperá con el modelo de proximidad de la Justicia con el ciudadano. Además, las corporaciones critican que cada año se determine una cuota máxima de recursos de casación en materia civil y contencioso-administrativa. Para el decano del ICAB, “la justicia no puede tener ni admitir cuotas”.

Además de coordinar su actuación, ambos colegios han instado a los gobiernos autonómicos con competencias en estas materias a recoger sus reivindicaciones para establecer un frente común que consiga la modificación sustancial de estos proyectos.

 

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