Representantes de jueces, fiscales, abogados, consumidores y otros colectivos, han participado esta mañana en el ‘Acto Público de Defensa de la Administración de Justicia’ que ha tenido lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía Española en Madrid. El acto ha supuesto la fase previa a las concentraciones convocadas para mañana, que tendrán lugar delante de todas las sedes judiciales a las 12 de la mañana y que paralizarán la actividad de los juzgados durante una hora.

En la concentración de hoy no se han dado datos nuevos ni se han hecho reclamaciones distintas a las de las concentraciones del pasado mes de noviembre. Sin embargo, la inmensa mayoría de cuerpos profesionales de la Administración de Justicia ha mostrado hoy una imagen de unidad en contra de las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia. De hecho, todas las asociaciones de jueces y fiscales, reunidas en una «Comisión interasociativa de conflicto» ya dejaron por escrito el pasado 29 de noviembre que no consideraban como «interlocutor válido» al ministro Alberto Ruiz-Gallardón, por lo que pedían una reunión urgente con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hoy han añadido que con las reformas legislativas anunciadas se pasa de la tutela judicial efectiva a la tutela judicial «en efectivo», además de estar creándose una justicia para ricos y otra para pobres.

Los representantes de jueces y fiscales también avisaron, mediante un comunicado, que en el caso de que se aprobase la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevista para el próximo día 18, o se presentase un proyecto de ley de reforma del CGPJ que afectase a la independencia judicial, se anunciaría la convocatoria de una huelga para el próximo mes de enero. Esta sería la segunda de la democracia, después de la que los jueces hicieron contra el Gobierno del PSOE en el año 2009.

El origen de las protestas se sitúa en el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Presupuestaria en la Administración de Justicia, que introduce en el ámbito judicial los recortes en la función pública, reduce los días libres de los magistrados y elimina la figura del juez interino sustituto. El Ministerio de Justicia quería cambiar el régimen estatutario del sector y los cuerpos judiciales, ya sobrecargados de trabajo, se alzaron en contra de las medidas. «La plantilla ordinaria de jueces y fiscales no va a poder hacer frente al 30% de trabajo que supone la eliminación de las plantillas de jueces y fiscales sustitutos», lamenta la Comisión. «La situación estructural de la administración de justicia en España atraviesa una grave situación de falta de medios personales y materiales, que empeorará con las medidas anunciadas, puesto que provocará mayores dilaciones en la tramitación y resolución de los procedimientos», añade.

A las reivindicaciones laborales iniciadas en verano, las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales fueron añadiendo las de carácter social con un posicionamiento crítico común: la ley de tasas judiciales, los cambios en la regulación de los desahucios y la reforma del CGPJ. «La reforma pretendida del CGPJ supondrá una quiebra de la independencia judicial y afectará a la división de poderes», asegura la Comisión interasociativa de conflicto, que también lamenta que las tasas judiciales limiten el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia. En cuanto a la tramitación parlamentaria del Real Decreto sobre Ejecuciones Hipotecarias, los representantes de jueces y fiscales esperan que «se establezca el procedimiento de acreditación de los requisitos para quedar amparados los afectados ante la dispersión de criterios existentes en estos momentos» y añaden que «debería ampliarse su cobertura para la protección de otros colectivos desfavorecidos por las ejecuciones hipotecarias».  Además, la Comisión Interasociativa ha asegurado que se dirigirá a las instituciones europeas para expresarles «el grave peligro que corre en nuestro país el principio de división de poderes».

El acto de protesta ha contado con la participación de la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y el Consejo General de la Abogacía Española. También han participado en el acto organizaciones representativas de los secretarios judiciales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios.

Manifiesto del Acto Publico de Defensa de la Administración de Justicia

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