El plan de pago a proveedores del Gobierno no ha acabado con los quebraderos de cabeza de las empresas que venden sus servicios al sector público. Según alertó este miércoles en un estudio la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras la entrada en vigor del proyecto que impulsó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, los impagos de las administraciones públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que, según la PMcM, este plan “supuso sólo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad en un país que no existe la cultura del pago», remachó el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Según dicho informe, realizado a partir de más de 700 encuestas a las organizaciones asociadas a la plataforma, el plazo medio de pago a proveedores se redujo por primera vez en 2012 en España un 13% por parte de las administraciones públicas y un leve 5,1% por el sector privado. “Es una grata sorpresa, pero esta mejora todavía no es suficiente”, criticó Cañete, que también cargó contra las empresas, que a pesar de haber cobrado, no pagaron a todos sus subcontratados. “No ha funcionado la cadena de pago”, criticó.
El sector público tardó en pagar a sus proveedores en 2012 casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año anterior, que fue de 162 días. El plazo medio de pago en el sector privado el año pasado fue, en cambio, de 93 días (frente a los 75 que establecía la ley para ese año), lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días).
Según el estudio de la PMcM, plataforma impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año. En esta línea, Cañete recordó que tanto la legislación española como la directiva europea, que se implantará a partir del próximo mes de marzo, obligan en este año a la Administración y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente.
El ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró, según este informe, en el 7%, lo que supone un estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, sólo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. Según explicó el presidente de la PMcM, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la desconozca”.
Ante esta situación, Cañete considera que hay que implantar las medidas previstas en la ley y otras que ha propuesto la plataforma al Gobierno, como las soluciones que planteó la misma semana pasada en el Ministerio de Hacienda, que a su vez le reveló que se pondrá de «forma inminente» un remanente de 3.700 millones de euros para «liquidar todo lo que haya antes de 2011».
Una de las ideas más destacadas que propuso la PMcM a la cartera de Montoro es tratar de evitar el fraude de ley que permite a los contratistas de obra pública realizar legalmente pagos a sus subcontratistas y proveedores en plazos que superan los 250 días, amparándose en el apartado 5 del Artículo 228 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. En este sentido, la PMcM solicita que los plazos de pago de los contratistas de la Administración con subcontratistas o suministradores, no puedan ser superiores a los establecidos en el artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre después de las modificaciones introducidas por la Ley 15/2010 de 5 de julio (a partir de 2013 como máximo de 60 días). La batería de propuestas pasa también por que las pymes y los autónomos no tengan que adelantar el IVA de las facturas no cobradas, sino que sea el deudor el sujeto que liquide el impuesto; o la creación del Observatorio de la Morosidad.
