Después de innumerables peticiones por parte de distintos sectores de la sociedad, el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, anunció este martes que el Gobierno modulará a la baja e incluso suprimirá algunas de las tasas judiciales, atendiendo así a las recomendaciones de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, con la que el titular de Justicia se reunió ese mismo día.
Gallardón aseguró que el Gobierno articulará los «procedimientos legales adecuados» para introducir las recomendaciones en la legislación e indicó que intentaría que la Ley de Justicia Gratuita entre en vigor «lo antes posible».
Concretamente, el ministro de Justicia anunció que se introducirían «modulaciones a la baja» en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo. Además dijo que se rebajarían las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo y que se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.
Soledad Becerril formuló varias recomendaciones para modificar aspectos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de Tasas Judiciales, recogidas por Gallardón además de proponer la supresión de las tasas que se devengan cuando se enjuicien procedimientos sancionadores; las de los procedimientos de ejecución hipotecaria; las de los recursos de suplicación y casación en el orden social; y las de ejecución de resoluciones arbitrales de consumo. Además, recomienda la devolución de las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.
Asimismo, cabe destacar que la oficina del Defensor del Pueblo está dentro del plazo para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de tasas aunque tiene tiempo hasta el próximo 21 de febrero para tomar la decisión.
