FirmaLa Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha impuesto multas por valor de más de 130.000 euros a los tres únicos notarios de Ceuta por coordinarse en la prestación de sus servicios de notaría y eliminar, así, toda posible competencia entre ellos.

En concreto, el organismo presidido por Joaquín García Bernaldo de Quirós ha impuesto multas a los notarios Antonio Fernández Naveiro (45.574 euros), José Eduardo García Pérez (45.347 euros) e Ignacio Javier Moreno Vélez (42.517 euros).

Con fecha 21 de junio de 2012 y tras la denuncia de un particular, la Dirección de Investigación de la CNC abrió expediente sancionador contra los tres notarios por una posible conducta anticompetitiva que habría consistido en ejercer su actividad de forma conjunta a través de la entidad Notaría Ceuta, S.C., de la que son socios, en un único despacho abierto al público, eliminando de este modo toda posible competencia entre ellos.

El acuerdo consistía en unir los despachos físicos de los tres notarios, en diversos periodos desde 2002, en una misma ubicación y además unir su actividad profesional bajo la figura de una sociedad civil, donde se integraban los honorarios profesionales de los tres notarios. Una vez deducidos los gastos, el beneficio resultante se repartía a partes iguales.

En su Resolución de 19 de julio de 2013, el Consejo de la CNC considera que esta unión implica una coordinación en la prestación del servicio de notaría en la ciudad de Ceuta, que impide la competencia en el ejercicio de la fe pública notarial que existiría si cada uno de los tres notarios ejerciese su labor separadamente de los demás.

En particular, la coordinación a través de Notaría de Ceuta S.C. implica una “ausencia de competencia en materia de precios, en los ya de por sí limitados casos en que es posible la aplicación de descuentos al arancel y en supuestos no sujetos a arancel, en los que las partes y el notario pueden decidir libremente los precios”, según explica la CNC. Asimismo, implica una ausencia de competencia en cuanto a la atención y calidad del servicio prestado a los ciudadanos, que ven reducidas sus posibilidades de elección.

Al margen de que en este caso concreto podría haberse también incumplido el reglamento notarial, que impide que en ciudades con menos de cinco plazas los notarios puedan unificar sus sedes, la ilicitud de la conducta está en que con este acuerdo se limita “seriamente, si no totalmente”, el margen de competencia que existiría entre los tres notarios si desarrollasen su actividad de forma totalmente independiente.

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