Se conoce como pin parental o veto parental a una política educativa que permite que los padres puedan decidir si sus hijos acceden a ciertos contenidos educativos.
En particular, se refiere a los relacionados con cuestiones sobre identidad de género, feminismo o diversidad sexual— en caso de que estos se consideren intrusivos para la conciencia o intimidad de los menores.
El debate acerca del «pin parental» se está dando en el congreso donde obtuvo respaldo la postura de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La secretaria de Gobernación sostiene que es inconstitucional el pin parental y violatorio de los derechos de niños y adolescentes.
Por su parte, la Comisión Para la Igualdad de Género del Senado de la República, así como senadoras y senadores de la LXIV Legislatura, diputadas federales y del Congreso de la Ciudad de México hicieron un llamado a los congresos locales a no aprobar leyes contrarias a la educación científica, laica e inclusiva.
Mediante un pronunciamiento, encabezado por la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de dicha Comisión, dejaron en claro que como representantes populares deben dejar sus creencias personales de lado y ajustar su actuación a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución.
El artículo 1º constitucional establece la obligación de todas las autoridades nacionales de respetar, proteger, promover y garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
En tanto, el artículo 3º incluye el derecho de toda persona a la educación, la cual deberá garantizarse, desde el nivel inicial hasta el superior, por parte del Estado.
La enseñanza debe ser laica, democrática, nacional, equitativa, inclusiva, intercultural, integral, de excelencia, además deberá luchar contra la ignorancia y contribuir a la mejor convivencia humana.
Recordaron que las secretarías de Gobernación, de Educación Pública, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), los consejos nacionales de Población y para Prevenir la Discriminación, así como el Instituto Nacional de las Mujeres se han pronunciado públicamente para “alertar” a los congresos locales que pretenden instrumentar el denominado “pin parental”.
Dichas instituciones han advertido que el llamado “pin parental” violenta los derechos humanos y diversas disposiciones constitucionales.
Es una medida que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable, además niega el derecho a una educación con perspectiva de género, como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencia.
Aclararon que este exhorto, que se hizo público la semana pasada, dirigido a los congresos estatales, de ninguna forma puede ser calificado de intromisión o invasión de competencias, sino como una alerta legal pertinente para evitar que se consumen actos legislativos que redunden en violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Los legisladores advirtieron que algunas personas y representantes populares se han pronunciado en favor de promover el “pin parental”, siendo esa posibilidad parte de su derecho a la libertad de expresión.
No obstante, algunas asociaciones civiles —vinculadas con posiciones ultraconservadoras—, han lanzado una campaña de “linchamiento” mediático y en redes sociales contra la secretaria Olga Sánchez Cordero.
Esas asociaciones ultra conservadoras pretenden disimular una medida claramente violatoria de la Carta Magna y de los Tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Es completamente falso que el Estado pretenda arrogarse la facultad de la educación exclusiva de las niñas, niños y adolescentes como aseguran dichas organizaciones o que se busque negarles el derecho a las familias de educar a sus hijas e hijos como mejor consideren de acuerdo a sus principios y valores.
