La Justicia está mucho peor que cuando Ruiz Gallardón llegó al poder. Así de contundente se ha mostrado Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ante la dimisión del ahora exministro de Justicia. Se trata de una opinión compartida por la mayor parte de la comunidad jurídica española, que tras la promulgación de reformas como la Ley de Tasas, la del nuevo Consejo General del Poder Judicial o la entrega del Registro Civil a los registradores mercantiles, celebra ahora la dimisión de su impulsor.

Gallardón
Alberto Ruiz-Gallardón

Si Gallardón quería ser recordado como el ministro que puso en marcha la Administración de Justicia del siglo XXI, tal y como explicó en una entrevista concedida a Diario Jurídico hace apenas dos meses y medio, a día de hoy solo se habla de una oportunidad perdida para la Justicia.

La retirada de la ley del aborto ha sido el colofón de su carrera y lo que ha impulsado a Gallardón no solo dejar su cargo como ministro, sino a abandonar su escaño en el Congreso y a retirarse de la política. Sin embargo, eran muchas las voces que pedían su dimisión desde hace tiempo, como hicieron los representantes de los 14 colegios de abogados catalanes, un día antes que entraran en vigor las tasas judiciales, en noviembre de 2013. Miquel Sàmper, presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, ha calificado a Ruiz-Gallardón como «el peor ministro de Justicia de la historia de la democracia» y confía que su retirada paralice todos los proyectos legislativos impulsados por su ministerio.

“Pudo haber sido un gran ministro de Justicia y defraudó las expectativas de todos los operadores jurídicos y de los ciudadanos», lamenta el presidente del CGAE, Carlos Carnicer. Una de las críticas unánimes que se han hecho al exministro de Justicia es que puso en marcha numerosas reformas sin diálogo y sin medios para llevarlas a cabo, lo que logró poner de acuerdo a todos los operadores jurídicos, de forma insólita en el sector.

[pullquote] «Pudo haber sido un gran ministro de Justicia y defraudó las expectativas de todos los operadores jurídicos» [/pullquote]

La Ley de Tasas –que ahora estudia el Tribunal Constitucional-, la reforma de la Justicia Universal, la del Consejo General del Poder Judicial, la supresión de los 1.300 jueces y fiscales sustitutos, la nueva Ley de Justicia Gratuita o los recortes en la Ley de Acceso concitaron la mayor parte de críticas. Otros proyectos, como los de la LOPJ o la Ley de Planta sumaron también numerosas quejas. «Ahora hace falta recuperar el diálogo, poner a los ciudadanos en el epicentro de la Justicia y buscar ese pacto de Estado que tiene que ser posible para que la Justicia ni sea la cenicienta de todos los Gobiernos ni el hermano pobre ni se utilice con fines partidistas», dice Carnicer.

Comparte la decepción el portavoz de la asociación Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch: «El nombramiento de Gallardón generó ciertas expectativas, al tratarse de un político de cierto peso en el Gobierno, a diferencia de otros ministros anteriores. Al encontrarse en un ejecutivo con mayoría absoluta, resultaba evidente que tenía la posibilidad de efectuar la importante transformación que necesita nuestro sistema judicial. Sin embargo, pronto estas expectativas quedaron frustradas, ante la actuación de un ministro que desde el principio mostró escasa sensibilidad hacia los problemas de la Justicia y que se centró más en iniciativas que pensaba que podían generarle protagonismo y proyección personal«.

[pullquote align=»right»] «Gallardón diseñó el CGPJ al servicio del poder político» [/pullquote]

Una de las reformas más criticadas por esta asociación ha sido la del Consejo General del Poder Judicial, que, según su portavoz «Gallardón diseñó al servicio del poder político, en clara vulneración del papel de este organismo constitucional como garante de la independencia judicial y de la división de poderes en un Estado de Derecho». A su vez, Bosch recuerda que Gallardón impulsó una reforma del Código Penal que opta por «criminalizar» la protesta ciudadana y por un «endurecimiento populista e injustificado de las penas». Pero el ataque a los derechos más «inaceptable socialmente», dice, es el proyecto de Ley del Aborto, «que pretendía limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y retroceder en esta materia hasta los tiempos del régimen anterior».

De forma similar se ha expresado el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria,  Marcelino Sexmero, quien habla de renuncia «deseada y esperada» y califica los proyectos de ley aprobados por su ministerio como «nefastos» y contrarios a la independencia del poder judicial. «Al final ha sido la Ley del Aborto lo que le ha causado el quebranto pero, su falta de diálogo e insensibilidad ante los problemas de la Justicia y sus colectivos apuntaban a que ya le había llegado la hora de marcharse», explica.

[pullquote] «Ha sido la ley del aborto lo que le ha causado el quebranto pero su falta de diálogo apuntaba a que ya le había llegado la hora de marcharse» [/pullquote]

La Unión Progresista de Fiscales celebra también la dimisión del hasta ayer Ministro de Justicia. «Sus reformas siempre se han encaminado a limitar las libertades, no solo en el anteproyecto de la Ley del Aborto que es la guinda que genera su dimisión sino en otras normas como la Ley de Tasas, la reforma de la seguridad ciudadana, ejemplos palpables por controlar o limitar los derechos de los ciudadanos, al igual que la privatización del Registro Civil que lo aleja del ciudadanos convirtiéndolo en una fuente de ingresos», dicen sus representantes.

Más benévola se ha mostrado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que ha hablado de las «fuertes desavenencias»que ha mantenido durante los últimos tres años con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aunque ha valorado su trabajo por impulsar «reformas estructurales que eran necesarias».

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