La aseguradora y tres de sus directivos han decidido retirar las tres querellas, todas ellas admitidas a trámite, «para facilitar la paz institucional con el máximo organismo supervisor, y por entender que la Justicia ya había solucionado a su favor las discrepancias centrales surgidas con Seguros», explica el comunicado.

La mutua de los profesionales sanitarios considera que las sentencias a su favor dictadas por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ya han solucionado las principales discrepancias surgidas con el organismo.

Para formalizar su desestimiento, AMA presentó ante el juzgado sendos escritos renunciando a seguir adelante con los procedimientos penales. A su vez, el abogado del Estado y el defensor de Lozano solicitaron al juez el archivo de las querellas, archivo que, tras ratificarse AMA en su desestimiento, se produjo finalmente.

La DGS rehabilitó el pasado 30 de junio en sus cargos al presidente de AMA, Diego Murillo, y a los secretarios Manuel Campos y Manuel Sánchez, tras conocer la sentencia de la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que suspendió la inhabilitación de sus puestos impuesta por la DGS por presuntas irregularidades en la gestión.

El pasado mes de abril la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM anuló, por unanimidad de sus tres magistrados, la medida de control especial impuesta por la DGS sobre la gestión económica de AMA.

El TSJM consideró que las desavenencias surgidas entre la mutua y el organismo supervisor resultaban «irrelevantes y sin incidencia en el volumen de negocio de AMA» y que había sido «erróneamente interpretadas por la Administración».

AMA mantendrá el trámite de los recursos presentados ante los Juzgados Civiles en los que pide una indemnización por los perjuicios ocasionados por la actuación de la DGS.

El conflicto entre AMA y la DGS se remonta a junio de 2008, cuando el organismo prohibió a la aseguradora realizar ninguna operación fuera de la actividad asegurados sin su autorización, tras detectar supuestas irregularidades internas por pagos a los miembros del consejo de administración y el reparto de beneficios a los mutualistas.

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