Según indicaron, esta medida no supondría una «amnistía fiscal» para los defraudadores, pues, ‘arrinconados’ por los mayores controles del fraude, optarían por hacerse con estos bonos, que tendrían un rendimiento por debajo de los niveles del mercado y un compromiso de permanencia de cuatro años, características que suponen en sí una «penalización». Además, el dinero estaría revirtiendo en «los que lo están haciendo bien».

Esta es una de las propuestas expuestas por el presidente del Colegio, Jesús Fernández de la Pradilla, el vicepresidente primero, Alfonso Lluzar, y el responsable de Asuntos Laborales de la organización, Miguel Ángel Pertejo, dentro de un paquete de medidas para «salvar a las pymes a toda costa», puesto que aún sufren problemas de financiación en plena crisis y son el grueso del tejido productivo.

Esta medida ya se ha puesto en marcha en otros países europeos, como Italia, donde se calcula que existen unos 300.000 millones de euros ‘sumergidos’, de los que podrían aflorar en torno a 100.000 millones. No obstante, Lluzar aseguró que la economía sumergida podría suponer en España entre un 19% y un 20% del PIB.

Los gestores administrativos reconocieron que esta medida «no está dentro de las cuestiones que están en marcha» en los planes fiscales del Gobierno, mientras que las adoptadas hasta la fecha no son suficientes, empezando por la subida de impuestos, que «no cubrirá las necesidades», hará pagar «mucho dinero al que le toque» y, en el caso del IVA, tendrá un efecto importante en bienes como medicamentos o el transporte.

Expusieron otras actuaciones desde el punto de vista fiscal encaminadas a aumentar la liquidez de las pymes, rebajar la presión fiscal que afrontan, fomentar la I+D+i y homogeneizar el sistema tributario español para evitar distorsiones.

Propusieron reducir la presión fiscal sobre las actividades económicas hasta un tipo máximo del 25%, agilizar las devoluciones tributarias y permitir que el IVA se liquidez cuando las facturas son realmente cobradas, y no cuando se emiten, como en la actualidad.

Por otra parte, los gestores administrativos se unieron a las voces que consideran necesaria una reforma laboral. Si bien, se limitaron a proponer algunas posibles medidas a medio camino, como convertir la ayuda a los parados sin prestaciones de 420 euros en una bonificación directa en sus cotizaciones sociales para las empresas que les contraten. Esta bonificación se aplicaría durante 6 meses o durante el plazo de tiempo que le quede por consumir al trabajador.

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