Manos Limpias reclama la responsabilidad civil subsidiaria del Gobierno por las pérdidas estimadas en 100 millones de euros, argumentando que no cumplió su función de ‘in vigilando’ del correcto funcionamiento de este servicio público.
La querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que estaba el domingo en funciones de guardia.
El juez Santiago Torres ha decidido remitir la querella al Decanato de los Juzgados para que se reparta conforme a las normas de reparto, han indicado las mismas fuentes. En los próximos días se conocerá el Juzgado que asumirá la querella, el cual deberá decidir si la admite a trámite para su investigación.
Manos Limpias ha presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que se solicita la suspensión de las declaraciones previstas de los controladores a partir del próximo jueves ante la Fiscalía de Madrid. De este modo, se pide que se les cite en el Juzgado sobre el que recaiga la querella.
El sindicato sustenta su querella en el artículo 409 del Código Penal, que recoge que «a las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».